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24 abril 2024
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Dos alcaldes del PSOE de la provincia de Guadalajara, ante el juez

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Las vísperas de la campaña electoral ha querido que prácticamente hayan coincidido dos alcaldes del PSOE de Guadalajara en los Juzgados de la capital, ambos por supuestos casos de prevaricación.

El alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal Martínez, ha sido citado en calidad de investigado por el juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara por presunta prevaricación administrativa. La denuncia que ha originado el caso fue interpuesta por dos concejales del Grupo Municipal de Ahora Fontanar, por la adjudicación del contrato para el término de la urbanización del sector 4 de Fontanar, que habría realiazado el alcalde una semana antes de que la empresa adjudicataria,  WTL SOLUCIONES INTEGRALES S.L, se constituyera. Desde Ahora Fontanar destacan que "la administradora de esta empresa es familia directa de un amigo muy cercano al alcalde". Desde esa formación se asegura también que "durante el proceso de adjudicación se cambia la memoria de la arquitecta municipal sustancialmente, dejando de ejecutar muchos elementos previstos inicialmente".

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha citado a declarar este martes, 19 de febrero, al alcalde de Heras de Ayuso, Jesús Sierra, también del PSOE, para aclarar un posible delito continuado de prevaricación al negar el empadronamiento a Fernando José Gómez Rrecio, concejal del Grupo Ahora Heras de Ayuso.

Según el auto judicial, el juzgado entiende que los hechos por los que el concejal se ha querellado contra el alcalde "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

Así, tanto el alcalde como su hijo, secretario del Ayuntamiento, están citados a las 12.45 horas para prestar declaración por estos hechos.

En la querella admitida a trámite, entiende el demandante que los querellados "conocen sobradamente" que reside en Heras de Ayuso al tener acreditados los consumos de agua en el domicilio indicado desde el año 2013; al tiempo que saben "al menos desde el año 2011 que deben resolver expresamente las solicitudes de empadronamiento" ya que en esa fecha recibieron una resolución del Defensor del Pueblo que amparaba al concejal de la oposición.