El ex policía peruano, en la Comisaría de Guadalajara cuando fue detenido en 2022. (Foto: CNP)
El ex policía peruano, en la Comisaría de Guadalajara cuando fue detenido en 2022. (Foto: CNP)

Luis Alberto Mío Morocho, el presunto integrante de una organización criminal que operaba dentro de la policía peruana, que vivía en Guadalajara hasta que fue detenido en esta ciudad en octubre de 2022, ha pedido no ser entregado a Perú por temer por su «integridad» y su vida.

Esta persona, que vivía con aparente normalidad y con su esposa y demás familia en la capital alcarreña, es sospechoso de haber perpetrado numerosos asesinatos en operativos simulados, con el fin de lograr ascensos dentro del cuerpo. En su momento, se cifraron en 10 los asesinatos que se le atribuyen.

En la vista de extradición celebrada este viernes en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha mantenido su petición de entrega al considerar que no existe una motivación política en la solicitud de Perú y que se cumplen los requisitos necesarios para proceder a su extradición.

Morocho, sin embargo, ha explicado con rotundidad por qué rechaza ser entregado: «Mi integridad, mi vida. El rompimiento de la unión familiar, porque tengo acá a mi esposa, mis hijas y mi nieto».

Afirma que no estaba oculto en Guadalajara

Ya a preguntas de su defensa, Morocho ha descartado que estuviese oculto en España, asegurando que su llegada al país «fue normal». «Llegué por el aeropuerto, por migraciones, y me identifiqué plenamente. Estando en España, a los 2 o 3 meses hice conocimiento de mi ubicación y vivencia al consulado peruano», ha añadido.

El motivo por el que salió de Perú, ha sostenido, fue porque sufrió «tres atentados» contra él y su propia familia. «Yo era miembro de inteligencia en la policía y, como se dio mi identidad a los medios, tuve que pedir mi retiro de la policía para vivir tranquilo», ha explicado.

La Fiscalía española pide que sea entregado a Perú, donde se le atribuye un delito de pertenencia a organización criminal, un delito contra la tranquilidad pública así como una serie de delitos de homicidio consumado y en grado de tentativa.

Según relata el Ministerio Fiscal, el reclamado sería presuntamente integrante de una banda «enquistada al interior de la Policía Nacional del Perú y constituida a partir del año 2010, conformada por oficiales, suboficiales y personas civiles» organizados para acometer asesinatos.

El objetivo, apunta la Fiscalía, era «lograr el otorgamiento de ascenso excepcional por acción distinguida», generando un «falso prestigio dentro de la Policía Nacional por la realización de los operativos policiales simulados como exitosos, atrayendo así toda la atención de los medios de comunicación».

El Ministerio Público indica que la organización «se constituye con el reclamado cuando integraba la Dirección General del Ministerio del Interior realizando una labor de inteligencia». Desde ahí se encargaba de la «fabricación de los hechos que sustentan el delito imposible, la ubicación y selección del lugar donde se ejecutaría el operativo policial simulado e implementar la estrategia diseñada por los líderes de la organización criminal».

Esto consistía en el «alquiler de habitaciones en hoteles cercanos al lugar elegido para la ejecución del operativo policial para el control total de las actividades de los agraviados, alquiler o el préstamo de vehículos a emplear para mimetizar a los ejecutores y utilizar como «señuelos» para posteriormente, elaborar la documentación de inteligencia» que justificase la «existencia de una banda criminal objeto de intervención en el supuesto operativo policial simulado».

Del mismo modo, apunta la Fiscalía, tenía la función de «formar grupos operativos mixtos para victimar a los agraviados, mimetizarse entre la población o la zona donde se iba ejecutar el operativo simulado, informando sobre las actividades de los agraviados y la clasificación de la información de inteligencia».

El Ministerio Fiscal recoge que, pretextando un falso servicio policial, el reclamado, en compañía de otros, emboscó y atacó por sorpresa mediante el uso de armas de fuego a una serie de personas.

En otra ocasión, y simulando otro operativo policial por la existencia de un falso secuestro en la persona de un empresario propietario de Colchones Romantic, quien realmente no se encontraba en Lima, entraron en un edificio y acabaron con la vida de cuatro personas.


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