El Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en cerrar todas las centrales nucleares españolas. Trillo será la última, según ese calendario, y lo haría en 2035. A partir de 2038 comenzaría su desmantelamiento.
A falta de un ATC, el almacén centralizado para los residuos de alta intensidad que se intentó construir en Villar de Cañas y que ha sido descartado, ahora se contempla la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo… ese mismo que no hay forma de ubicar y, menos aún, de construir.
El ATD de cada central estará formado por su Almacén Temporal Individual (ATI), de lo que en Trillo hay una larga experiencia, pues acumula ya decenas de contenedores, más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa. Es decir, algún se demolerá la central, pero los residuos seguirán allí, como actualmente ya ocurre en Zorita.
Un plan aprobado esta semana por el Consejo de Ministros prevé la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento, tal y como también estaba previsto en el sexto plan de residuos.
Habrá un almacén en España… alguna vez
Además, contempla la construcción de un almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP), una solución técnica que, según el MITECO, ya estaba prevista en el sexto plan de residuos.
«El séptimo plan establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia», añade el MITECO.
Igualmente, el plan prevé la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado también en el sexto plan.
La tramitación de este séptimo plan comenzó en 2020, cuenta por primera vez con evaluación ambiental estratégica, que incluye una fase de consultas e información pública, y ha sido sometido a informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Este plan sustituye al aprobado en 2006, que debería haberse actualizado en 2015.
El MITECO asegura que el plan está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
Lo pagarán las empresas
En cuanto al coste futuro de 20.200 millones de euros, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’, se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El Gobierno dará cuenta de la aprobación del plan a la Cortes y a la Comisión Europea.
Todo lo anterior está contenido en el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).