Las Cortes de Castilla-La Mancha, en la sesión del 22 de julio de 2021.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, en la sesión del 22 de julio de 2021.

El Estatuto de Castilla-La Mancha cumple este 2022 cuatro décadas. En el año de tan rotundo aniversario, la tantas veces barajada reforma de su articulado está más lejos que nunca, por las discrepancias entre partidos.

Lo que en 2020 era una necesidad perentoria, como se comprueba en los enlaces de LA CRÓNICA al pie de esta información, dos años más tarde se ha convertido en algo muy parecido a un imposible. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo están los ánimos y las intenciones actualmente, entre los que son algo en la política regional e incluso entre quienes van a serlo pronto?

Las dos últimas modificaciones datan de la legislatura de Cospedal como presidenta, la de 2011 a 2015. Fue entonces cuando un Gobierno del Partido Popular se valió de sus mayorías absolutas en las Cortes regionales como en el Congreso de los Diputados para retocar el texto, en lo tocante al número de escaños.

Guarinos, a la espera del consenso

La vicesecretaria general de Alternativa Política del PP en Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha apuntado por su parte que cualquier modificación que se plantee del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha deberá estar presidida por el consenso político, pero aclara que no estarán de acuerdo con ella si el único propósito que hay detrás pasa por modificar la Ley Electoral.

Ha precisado que si, por contra, lo que se quiere es modificar la propuesta de reforma dejando al margen la Ley Electoral y con el fin de mejorar la situación actual de derechos o garantías de los castellanomanchegos, el PP podría apoyarlo.

Ana Guarinos este jueves, durante el Pleno de las Cortes.
Ana Guarinos durante una intervención en un Pleno de las Cortes.

Tras preguntarse si es realmente necesario reformarlo, ha dicho que hasta el momento la Carta Magna ha demostrado «ser tan buena» que «prácticamente» no ha precisado ningún tipo de modificación, salvo muy puntuales y concretas.

Ha vuelto a insistir en que, entre las mejoras que debería incluir tendría que figurar que se prospere en derechos y en garantías y en estabilidad política para los castellanomanchegos. «Todo lo que vaya encaminado en esa dirección el PP siempre ha estado dispuesto».

El PSOE no lo ve ahora

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha considerado que en estos momentos «no hay ambiente de ilusión» para afrontar una reforma estatutaria entre todos los partidos políticos de la región.

«Hay que ser conscientes de los tiempos que tenemos. El problema es que hay intereses, del PP y de otros partidos, de poner el único énfasis en la ley electoral, unos para que no se suban los diputados y otros para que se incrementen, y lo menos importante es la ley electoral», ha precisado.

Para Gutiérrez, el PSOE está pensando en un nuevo Estatuto «para modernizar instituciones y garantizar el agua», mientras el PP «sólo habla de diputados arriba o abajo», razón por la que los socialistas «no van a convertir el debate del Estatuto en una subasta de diputados».

«Necesitamos que el Estatuto sea una oportunidad y nosotros vamos a apostar por que sea de consenso, pero no hay ese ambiente de ilusión porque algunos quieren crispación y discordia. Pero si el PP está dispuesto a abandonar la crispación y hacer un debate serio, el PSOE tiende la mano», ha rematado.

Vox aspira a devolver competencias al Estado

Resulta interesante incluso ahora conocer los planteamientos que maneja el partido de Santiago Abascal para Castilla-La Mancha, ya que es más que previsible su entrada en el parlamento regional en 2023.

La diputada de Vox en el Congreso por la provincia de Toledo Inés Cañizares opina, sobre las intenciones del Ejecutivo de Page respecto a la reforma estatutaria, que incluyen planteamientos estéticos «más de publicidad y de propaganda». «Hablan de blindar servicios públicos pero quieren blindar su bienestar».

Así, opina que incluir la posibilidad de aprobar decretos ley es un ejemplo de ser «alumno aventajado» de Pedro Sánchez, algo que es «peligroso». En todo caso, si de Vox dependiera, un nuevo Estatuto se articularía para devolver competencias al Estado y limitar el autogobierno de la Comunidad Autónoma.

«Intentaría hacer una devolución de competencias, no solo en la región, también en todas las comunidades autónomas. Justicia, Seguridad, Sanidad, Educación, son asuntos que tiene que tener el Estado para no contar con 17 formas de regular en España»; ha aseverado.

Así, ha recordado que en el ADN de Vox está «eliminar los parlamentos autonómicos», por lo que nunca apoyaría ni plantearía aumentar el número de diputados regionales.

Ciudadanos y los derechos colectivos

En situación contraria se encuentra la formación naranja, que parece apurar su última etapa en la actividad parlamentaria. El diputado regional de Ciudadanos por la provincia de Toledo, David Muñoz Zapata, ha señalado, por su parte, que en un nuevo Estatuto habría que incluir premisas como evaluar las políticas públicas para que el dinero público «se emplee bien, sin despilfarro»; además de «eliminar privilegios políticos» como los aforamientos.

Propone igualmente «blindar derechos para colectivos que hace 40 años estaban invisibilizados» como el LGTBi; avanzar en la atención a personas mayores con alguna discapacidad facilitando la atención domiciliaria; o que las cuestiones medioambientales tengan presencia en el nuevo texto.

Sobre aprovechar para retocar ley electoral o no, debe de hacerse desde el consenso, si bien Muñoz Zapata asegura que el Parlamento regional no representa al conjunto de la ciudadanía porque tiene pocos diputados.

Tras recordar que al inicio de legislatura era más factible la reforma antes de la pandemia, ahora los tiempos son «complicados» también por lo corto de los plazos antes de nuevas elecciones. Más allá, llegar a acuerdos es «complicado» por la «polarización entre PSOE y PP», que están «más preocupados de meter el dedo en el ojo del otro que en aprobar un Estatuto», aunque sí cree que es necesaria «una nueva herramienta jurídica».

Podemos quiere cambios en profundidad

La secretaria de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de Podemos en Castilla-La Mancha, Asunción Mateos Gámez, ha valorado que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha precisa una «modificación profunda» que englobe el sentir y las necesidades de toda la ciudadanía de la región, pero ha precisado que ellos solo estarán donde encuentren una tendencia progresista.

Para esta integrante de la formación morada, es preciso que la Ley Electoral de Castilla-La Mancha «englobe de manera progresiva y justa todos los sentires» de la región, aunque ha lamentado que, por el momento, en el Gobierno de Emiliano García-Page, pese a la mayoría absoluta de la que goza, no se vislumbre ningún atisbo de una modificación del Estatuto que permita que todas las perspectivas y partidos políticos se puedan ver reflejados dentro de las Cortes regionales.

Sobre si serían capaces de aprobar una modificación del estatuto dejando al margen la Ley Electoral, Mateos Gámez ha dejado muy claro que todo dependerá de lo que plantee. «Nosotras somos muy claras, queremos medidas y líneas de acción que permitan que Castilla-La Mancha avance e innove; en ese marco es donde nos encontrarán todos los partidos políticos», ha subrayado.

«Hablar de manera hipotética es construir un castillo de naipes sobre el aire que en cualquier momento», ha subrayado tras incidir en que hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha lo único que ha demostrado es que «un día dice A y otro dice B», ha concluido.

IU, por los servicios públicos

En nombre de IU, Txema Fernández, responsable de Acción Institucional, abogaría por una reforma que defienda servicios públicos, medioambiente e igualdad; así como un desarrollo homogéneo de toda la región combatiendo la despoblación; sin dejar de lado el extremo de blindar el agua para que «no se pueda mercantilizar y no llegue a cotizar en bolsa».

Con estas premisas, IU estaría dispuesta a abordar una reforma estatutaria sin tener en cuenta la reforma electoral.

Eso sí, asegura que la representación parlamentaria con 33 diputados es «desproporcionada» a la baja además de «injusta».

Aún dejando lo electoral al margen, IU «estaría dispuesta a hablar» de una reforma estatutaria, ya que los problemas de la región no pasan por «un problema de sillas».

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