La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico ‘Haza del Sol’ han escenificado este lunes en Guadalajara su rechazo frontal al proyecto fotovoltaico previsto en Fuentelencina. Además, han reclamado una moratoria inmediata que permita abrir un proceso de diálogo y revisión del expediente.
Con la presencia también en la comparecencia de numerosos agricultores, estos colectivos han denunciado la «falta de información» del Ayuntamiento de Fuentelencina. Además, criticaron la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha y han reclamado públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, que además es alcalde del municipio afectado.
Ocupará 2.750.000 metros cuadrados
El proyecto ‘Haza del Sol’ contempla una planta fotovoltaica de 275 hectáreas –2,75 millones de metros cuadrados– y una línea de evacuación de 41 kilómetros que atravesaría distintos municipios de la provincia hasta conectar con Madrid. Según APAG, el parque supondrá una «agresión» al sector agrario, al paisaje y al ecosistema de la Alcarria.
El presidente de APAG, Juan José Laso, sostiene que la infraestructura «no aporta ningún beneficio» a la provincia y que únicamente servirá para exportar energía fuera del territorio. «Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara», ha afirmado.
Laso ha defendido que el Ayuntamiento todavía dispone de herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación. También ha pedido que se apruebe una moratoria municipal «para abrir un periodo de discusión y diálogo».
Alcalde y delegado, no
Uno de los aspectos más duros de la comparecencia ha sido la crítica al doble cargo de Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura. APAG ha calificado de «incomprensible» que quien representa institucionalmente al sector agrario respalde, a su juicio, un proyecto perjudicial para agricultores y ganaderos.
«Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas», ha declarado Laso. Además, ha pedido al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, que lo cese «y explique por qué favorece un proyecto que va contra los intereses agrícolas de la provincia».
Por su parte, la Plataforma de Afectados ha denunciado además que los propietarios y agricultores no tuvieron conocimiento oficial del proyecto hasta febrero de este año. Fue entonces cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora planteando contratos de alquiler o advirtiendo de posibles expropiaciones.
El problema de las alegaciones
Aurelio Urigoga, portavoz de la plataforma, ha asegurado que los vecinos se sintieron «desprotegidos» y ha denunciado que el Ayuntamiento «en ningún momento» les informó previamente de la tramitación. «O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban», ha resumido.
Según ha detallado, muchos afectados no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores porque desconocían la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado. «Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días», ha lamentado.
Calculan que existen más de 50 afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas a la zona del proyecto y a la línea de evacuación.
Un reto más para los jóvenes agricultores
Durante la rueda de prensa también se ha alertado de las consecuencias económicas para los jóvenes agricultores que recientemente se incorporaron al sector mediante ayudas públicas.
Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, ha advertido de que algunos podrían incumplir los compromisos adquiridos con la Administración si pierden las tierras de cultivo. «Hay jóvenes que han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas», ha denunciado.
«Mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio», ha añadido.
Apoyo de Ecologistas en Acción
También desde Ecologistas en Acción y Aliente han respaldado las críticas y denunciado «prepotencia» por parte de las empresas promotoras. Se han cuestionado especialmente las cartas remitidas a los propietarios con plazos de 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones.
La organización ecologista ha asegurado haber trasladado esta situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Igualmente, ha criticado la ausencia de una normativa autonómica clara que proteja a los propietarios frente a este tipo de proyectos.
Además, los colectivos han insistido en que no se oponen a las energías renovables, pero sí al modelo de implantación elegido. Los afectados han cuestionado también aspectos técnicos del expediente, como la ausencia de un plan de desmantelamiento de la planta al finalizar su vida útil. También han cuestionado la falta de estudios de seguridad específicos frente a incendios.
Impacto en el medio ambiente
Asimismo, han advertido de posibles impactos sobre la fauna protegida y sobre explotaciones ganaderas próximas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación. Durante la comparecencia, técnicos de APAG han recordado que el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente declaración de impacto ambiental favorable con modificaciones.
Sin embargo, ha apuntado que todavía queda pendiente el procedimiento vinculado a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones. Todos ellos han insistido en que todavía existen vías administrativas y municipales para intentar frenar el proyecto, especialmente a través de alegaciones y de la ordenación urbanística local.
En este sentido, han citado ejemplos de municipios de Guadalajara que aprobaron moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas. «Se llenan la boca hablando de la España despoblada y del medio rural, pero luego permiten que se expulse a agricultores y jóvenes de los pueblos», han resumido los convocantes.