El balance de la memoria judicial dibuja un panorama preocupante en el mapa de la Administración de Justicia autonómica. La falta de efectivos no solo castiga a los órganos unipersonales de municipios como Tomelloso, Tarancón, Orgaz o Valdepeñas, sino que impacta de lleno en la capacidad operativa desde las capitales. En el caso de Guadalajara, la urgencia es máxima tanto en las secciones penales y de lo Social como en la propia Audiencia Provincial, donde la carga de trabajo acumulada impide agilizar los procesos.
Astray ha hecho hincapié en que la prioridad absoluta debe centrarse en reducir los tiempos de tramitación, una asignatura pendiente en una comunidad autónoma que mantiene una de las ratios de jueces por habitante más bajas del país. Asimismo, ha abogado por impulsar la especialización de los juzgados en la protección de menores frente a delitos contra la infancia y la adolescencia.
Aumento de la presión civil y penal: más de 66.000 causas pendientes
Los datos de la actividad judicial reflejan un incremento generalizado en la entrada de expedientes. En la jurisdicción penal se rebasaron los 128.000 asuntos ingresados, con algo más de 122.500 resueltos, lo que engorda una bolsa de más de 66.000 causas pendientes de juicio en toda la región. A este cuello de botella se suman 16.621 ejecutorias pendientes, un factor que ralentiza la aplicación efectiva de las sentencias.
Por su parte, el ámbito civil experimentó un notable repunte en la carga de trabajo de un 23,5%, mientras que la jurisdicción mercantil vio subir los casos un 13,5%, dejando más de 4.300 procedimientos en espera. Aunque los juzgados de Primera Instancia y la rama Social anotaron ligeros descensos en la entrada de demandas, la saturación generalizada exige refuerzos urgentes para no comprometer la tutela judicial efectiva.
Infraestructuras bajo mínimos: Cuenca y Tomelloso piden ayuda
La falta de personal se ve agravada en muchos puntos por la obsolescencia de los medios materiales. En el ámbito de la violencia de género, el TSJCM reclama la creación de una plaza específica en Cuenca, señalando que cualquier avance en este terreno requiere espacios e instalaciones con garantías de accesibilidad para las víctimas.
En cuanto a las infraestructuras físicas, tras las inauguraciones de los institutos de medicina legal en Ciudad Real y Toledo, los retos se concentran en la adaptación del tribunal de instancia de la capital regional y en la demanda histórica de una sede única para Tomelloso.
La Fiscalía alerta del incremento de diligencias y la falta de conformidades
En la misma línea, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha puesto de manifiesto el incremento de trabajo que soporta el centenar de fiscales desplegados en el territorio. Durante el último ejercicio se incoaron 62.000 diligencias previas, principalmente ligadas a delitos contra el patrimonio y violencia de género, situando los asuntos pendientes en los órganos fiscales por encima de los 48.000 (un 10% más que el año previo).
Fernández ha destacado el esfuerzo del colectivo, especialmente en provincias como Guadalajara y Ciudad Real, donde la fiscalía ha tenido un papel destacado en la investigación de los incendios forestales estivales. Pese a que se tramitaron más de 9.000 causas por la vía urgente, el índice de conformidad se situó en un escaso 65%, por debajo de la media esperada. Este escenario, sumado a una media de 134 calificaciones por fiscal (frente a las menos de cien del ejercicio anterior), explica el descenso en los decretos de prisión preventiva, condicionados por la imposibilidad de completar las instrucciones antes del límite ordinario de dos años.
Para ampliar información sobre la estructura de la judicatura en España, puede consultarse el portal del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, los datos sobre la organización y memoria del ministerio público están disponibles en la web de la Fiscalía General del Estado.