Un acuerdo firmado en junio de 2020 ha desembocado, en abril de 2021, en la creación de una comisión. En efecto, 10 meses después, los gobiernos de Madrid y de Castilla-La Mancha han constituido la llamada Comisión de Seguimiento del Protocolo General de Actuación conjunta entre ambas comunidades autónomas ante situaciones de emergencia. Para comprobar que todo funciona como debe, en las próximas semanas se llevará a cabo un ejercicio práctico en la provincia de Guadalajara.
Con casi un año por detrás, la Comisión debe ahora analizar el cumplimiento de este protocolo, que tiene el objetivo de «establecer mecanismos eficaces de colaboración entre los órganos de ambas administraciones con competencia en la materia para que, ante situaciones de emergencia que afecten a zonas fronterizas entre ambas comunidades, se actúe con la mayor diligencia en la salvaguarda de las personas y bienes que pudieran verse afectados». O sea, para evitar pérdidas de tiempo y despliegues equivocados de medios en las zonas limítrofes de Toledo y Guadalajara con Madrid.
El Protocolo General de Actuación vigente desde 2020 fija los procedimientos de trabajo en común de las organizaciones de emergencia de cada administración en materia de prevención y extinción de incendios forestales y de coordinación funcional de los centros 1-1-2. Un ejemplo de lo necesario de esa colaboración sería el incendio ocurrido este verano en El Casar, que se acercó peligrosamente a una urbanización, después de haberse originado en una vecina localidad madrileña.
Llamadas desde el móvil que entran al 1-1-2 que no corresponde
La colaboración en el 1-1-2 se regirá por un protocolo sectorial que tiene su razón de ser en que hay ocasiones en las que tienen lugar emergencias en el límite administrativo entre regiones y, algunas veces, las llamadas para alertar de incidentes, debido a la orientación de las antenas de telefonía móvil, se derivan automáticamente al centro 1-1-2 de la comunidad limítrofe, en lugar de al de la región desde la que se está produciendo la comunicación.
Por tanto, el objetivo de este protocolo sectorial es mejorar los procedimientos de colaboración entre los centros 1-1-2 de ambas comunidades autónomas cuando se produzcan situaciones de emergencia en zonas limítrofes.
Integrantes de la comisión
La Comisión de Seguimiento está integrada por cuatro miembros, dos designados por la Comunidad de Madrid y otros dos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se reunirá, al menos, dos veces al año o siempre que una de las partes así lo solicite.
Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha forman parte de la Comisión de Seguimiento los directores generales de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, quienes han explicado que durante la reunión de constitución de este órgano se ha destacado la importancia de coordinar las actuaciones en materia de emergencias, al tiempo que se ha puesto el foco en la próxima campaña de incendios forestales.
Los asistentes a la reunión han repasado los principales incidentes ocurridos en los últimos meses, en los que ha sido necesaria la activación de los mecanismos previstos en los citados protocolos, así como las previsiones de cara a la próxima temporada de incendios en el medio natural.
En este sentido, el director operativo del Plan Infocam (Plan Regional de Emergencias que atiende los incendios forestales), Félix Romero, ha señalado que el objetivo de este encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia, ha sido “asegurar una buena coordinación entre ambas comunidades autónomas de cara a la extinción de incendios que pudieran generarse en zonas limítrofes entre Madrid y Castilla-La Mancha”.
Desde la firma de este protocolo, el 1-1-2 de Castilla-La Mancha ha realizado un total de 3.811 transferencias al 1-1-2 de la Comunidad de Madrid, de las que 2.440 tuvieron lugar de julio a diciembre de 2020 y 1.371 de enero a abril de 2021.