Emilio Vega Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Guadalajara.

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Guadalajara ha mostrado su discrepancia con el Plan de Choque de la Justicia propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, pues considera que “más que un plan de choque, se ha elaborado una reforma legislativa de tal naturaleza y calado que supone una merma de los derechos y garantías procesales de ciudadanos, consumidores y profesionales”.

Dicho plan, “exigiría el consenso de todos los operadores jurídicos dentro de los cuales la Abogacía, como defensora del justiciable, debería tener un papel preeminente y no de mero espectador”, ha indicado el colegio en nota de prensa, en la que ha considerado que muchas de las soluciones propuestas “son manifiestamente discutibles, cuando no inaceptables, y más parecen diseñadas para mejorar la estadística de los Juzgados que para mejorar el funcionamiento de la Justicia”.

De igual modo, considera en cuanto a las reformas procesales concretas en cada uno de los órdenes jurisdiccionales que se proponen que “la única finalidad la obtención de unos hipotéticos resultados positivos en cuanto al alivio de trabajo en los Órganos judiciales, sin detenerse a verificar si dichas medidas respetan el contenido básico del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

“La reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales, el establecimiento de Órganos Unipersonales, el ataque a la oralidad, el dictado de sentencia “in voce”, las limitaciones en el ejercicio de defensa en los escritos forenses y reducción del protagonismo de la Abogacía, en aras únicamente a obtener resultados en la carga de trabajo, son medidas que no pueden admitirse en modo alguno desde la perspectiva de la Abogacía ya que cercenan el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”, han añadido desde este órgano colegial.

De igual modo, consideran que dicho plan manifiesta que “la situación creada con la declaración del estado de alarma en relación a la Administración de Justicia ha puesto en evidencia, de manera cruda y repentina, las carencias que afectan a dicha Administración, fruto del persistente olvido de todos los gobiernos”.

“La inexistencia de un plan que garantice el funcionamiento de la Justicia en caso de una situación excepcional debería haber sido, y sigue siendo, una lacra que debe ser resuelta por los órganos competentes a la mayor brevedad posible, ante el riesgo cada día más cierto de que ésta, u otra de análogas características, pueda producirse de nuevo”, han añadido.

Por último, han instado a los máximos responsables del Consejo General de la Abogacía Española “a que defiendan, con valentía y sin prejuicios, los intereses de sus miembros, que al fin y a la postre son el mecanismo y el instrumento del derecho a la tutela judicial efectiva que descansa en sus clientes”.

REFORMA PROCESAL UNILATERAL
En términos parecidos se ha expresado el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha que ha expresado, en nota de prensa, su más rotundo y enérgico rechazo a dicho plan, pues supone “una reforma procesal unilateral, con modificaciones estructurales y procesales de gran calado, con vocación de permanencia, en un claro fraude de Ley”.

“El documento planteado por el CGPJ, supone un atentado contra derechos fundamentales en la medida en que restringe el acceso a la Justicia, conculca el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución, haciendo desaparecer la llamada ‘Justicia de Proximidad’ por ser cercana a la ciudadanía y de más fácil acceso”.

“Entendemos que la actual conyuntura no puede ser aprovechada para imponer una visión única y absoluta de la Justicia, obviando y despreciando a la Abogacía y el resto de operadores jurídicos, sin que se pueda dar el necesario Pacto de Estado por la Justicia, en el que tengan cabida todas las fuerzas políticas, a fin de que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, disponiendo para ello de mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos, respetando las exigencias constitucionales de una tramitación legislativa ordinaria”, han denunciado.

Por otro lado, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha se adhiere expresamente a las medidas de agilización procesal propuestas por el CGAE, al entender que son las más adecuadas en la situación actual que vive nuestro Estado social y democrático de Derecho, reconociendo al Consejo General como interlocutor válido de la Abogacía que canalice las propuestas y sugerencias de los abogados y sus instituciones.

“Finalmente este Consejo se adhiere a la justa reivindicación llevada a cabo por el CGAE de que se hagan extensivas las ayudas que se aprueben para los autónomos a todos los profesionales de la Abogacía adscritos a los regímenes alternativos de las Mutualidades, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico a cuyo fin se ha dirigido escrito a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, concluye el comunicado.

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