El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso para transformar la realidad de los pueblos de la región. Durante su intervención en el II Foro de Desarrollo Rural organizado por RECAMDER en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado las líneas maestras del futuro Estatuto del Pequeño Municipio, una normativa llamada a revolucionar la gestión local en el medio rural.
Ante unas 900 personas vinculadas al municipalismo y al tejido socioeconómico, el alto cargo regional ha puesto el foco en uno de los principales obstáculos históricos para el desarrollo de los pueblos pequeños: la rigidez de las normativas urbanísticas generales.
Un marco urbanístico adaptado a la realidad rural
Martínez Guijarro ha recordado que la actual legislación urbanística de la comunidad autónoma, la LOTAU, «es una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo», una dinámica económica propia de las grandes urbes y los entornos metropolitanos que choca frontalmente con la realidad de los pequeños municipios, donde estas plusbrutalidades o plusvalías urbanísticas bruscamente escasean o no existen.
Para corregir este desfase, el nuevo estatuto incorporará un marco urbanístico diferenciado y flexible, diseñado específicamente para simplificar los trámites en el suelo no urbano y facilitar la actividad de los emprendedores y vecinos que deciden fijar su residencia en el medio rural. Esta medida se alinea con las recomendaciones de organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la necesidad de adaptar la administración local a la España de interior.
Soluciones contra la escasez de secretarios y medios técnicos
Más allá del urbanismo, el articulado del futuro estatuto abordará otro de los mayores dolores de cabeza para los alcaldes de pueblos pequeños: la crónica falta de personal cualificado y secretarios-interventores.
Para paliar esta deficiencia estructural que debilita la capacidad de gestión de los consistorios, el Ejecutivo regional planea crear «oficinas de apoyo a la gestión de pequeños municipios» en estrecha colaboración con las diputaciones provinciales. Estas oficinas centralizarán el soporte técnico y administrativo necesario para que los ayuntamientos más modestos puedan tramitar subvenciones, contratos y licencias con plenas garantías jurídicas.
Esta estrategia de apoyo institucional se apoya en los sólidos datos que arroja la Ley de Medidas contra la Despoblación, en vigor desde 2021. Según los datos aportados por la Junta, las zonas catalogadas como despobladas cuentan hoy con 4.672 habitantes más que hace cinco años y han registrado un saldo migratorio positivo superior a las 20.000 personas en el trienio de 2021 a 2024, un indicador clave del cambio de tendencia. Para profundizar en el impacto socioeconómico de estas normativas, se pueden consultar los informes periódicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Financiación justa y servicios públicos garantizados
Durante el foro, que ha reunido a expertos, asociaciones y responsables de Grupos de Desarrollo Rural bajo el lema ‘El Avance del Medio Rural’, el vicepresidente regional ha insistido en que la clave para fijar población reside en garantizar los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones, independientemente del código postal.
En este sentido, Martínez Guijarro ha lanzado una reclamación directa de cara al nuevo modelo de financiación autonómica, exigiendo que este tenga en cuenta «el coste efectivo de la prestación de los servicios en el conjunto del territorio». A su juicio, gobernar para todos exige ponderar el sobrecoste que supone mantener colegios, centros de salud y redes básicas en territorios extensos y de baja densidad demográfica.