En 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tramitó 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022. Recibió 34.926 quejas -3.849 más que en 2022-, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos- e inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones -38 más que en 2022-. Además, la institución atendió personalmente a 37.752 ciudadanos: 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.
En cuanto a Castilla-La Mancha, desde la región se emitieron 1.499 quejas, un dato superior al del año 2022, cuando se registraron 1.314, lo que representa un incremento del 14,07%.
Estos expedientes dieron lugar a la tramitación de 2.366 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones -estatales, autonómicas y locales-. De ellas, 668 fueron recomendaciones, 987 fueron sugerencias, 708 fueron recordatorios de deberes legales y 3 fueron advertencias.
Ángel Gabilondo apuntó que «con la entrega y presentación del Informe anual 2023 no se trata solo con cumplir con una obligación, que lo es, sino que busca ser un estado de la cuestión de los derechos fundamentales a partir de las quejas recibidas y de las iniciadas de oficio, lo que constituye la experiencia de la ciudadanía y supone un verdadero termómetro de la sociedad española».
Gabilondo, ha advertido de que «las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales ni la sanidad», en la rueda de prensa de presentación del Informe anual de la actividad de la institución en 2023, que ha registrado el el Congreso de los Diputados este viernes.
Gabilondo ha señalado que «los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías», ha añadido.
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 tuvieron que ver, entre otros, con la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.
Según informa la institución, las quejas recibidas en materia sanitaria tuvieron que ver con el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada; la insuficiencia de recursos específicos para una atención integral a la salud mental; la saturación de los servicios de atención primaria y de urgencias hospitalarias y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación de muy alto coste.
En este sentido, el Defensor volvió a emprender actuaciones relativas a las dificultades que encuentran las personas extranjeras que residen en España para acceder a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En esta línea, formuló sobre este asunto una recomendación a la Comunidad de Madrid, y una recomendación a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Destaca también una actuación de oficio iniciada con algunas comunidades autónomas que todavía no han ampliado el cribado neonatal mediante la prueba del talón a enfermedades metabólicas. Asimismo, se abrió una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas, sobre al cribado del cáncer de mama, el más frecuente en las mujeres en España.
ATENCIÓN PRIMARIA
Por lo que se refiere a las actuaciones en el ámbito de la Atención Primaria, la institución indica que recibió «las respuestas solicitadas a cada Administración sanitaria sobre varios aspectos de carácter estructural referidos al funcionamiento de los centros de Atención Primaria. Además, continuó su curso el expediente abierto con la Comunidad de Madrid sobre la previsión de reabrir los puestos de atención continuada (PAC) de la Comunidad de Madrid».
De los resultados obtenidos se desprende que 21 de ellos no cuentan con la incorporación de médico a sus plantillas y que no se ha establecido un procedimiento reglado para que el personal de enfermería de los centros de continuidad de cuidados de enfermería se comunique con los facultativos. En opinión de la institución, sustituir algunos de los antiguos Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) o los Servicios de Atención Rural por Centros de Continuidad de Cuidados de Enfermería, puede suponer una merma del principio de proximidad si el paciente precisa atención facultativa.
Por otra parte, entre 2021 y 2023, el número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo por las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud se ha más que duplicado. Ello revela, en opinión de la institución, que existe una creciente tensión en la atención especializada, en menoscabo siempre del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. Este problema está presente en todas las comunidades autónomas.
En 2023, la institución inició un procedimiento para conocer, de forma directa, el funcionamiento de los centros residenciales destinados a personas con enfermedad mental. En el marco de esta actividad, el Defensor del Pueblo visitó un total de 8 centros o dispositivos asistenciales de tres comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, País Vasco y Región de Murcia).