El Grupo Parlamentario Popular ha pedido que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, comparezca en pleno y no en comisión, como se ha acordado este lunes tras la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes, y ha criticado la forma de proceder, «arbitraria y nada democrática», del presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

El PP también cree que debería producirse la comparecencia de otros miembros del Gobierno regional tales como las consejeras Bienestar Social y Economía, Empresas y Empleo, Aurelia Sánchez y Patricia Franco, respectivamente, según ha informado el PP en nota de prensa.

La portavoz del Grupo Popular, Lola Merino, en nota de prensa, ha explicado que el PP ha solicitado este lunes la comparecencia en pleno del consejero de Sanidad para explicar por qué no se ha abierto el nuevo hospital de Toledo y por qué no se ha hecho llegar a los profesionales los respiradores y el material que el Gobierno asegura tener.

El PP cree que el consejero debe comparecer en el pleno de las Cortes porque es el órgano en el que está representada la totalidad de la sociedad castellano-manchega, asegura.

Merino ha criticado a Bellido por calificar «exclusivamente» en la Mesa un documento de solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad o de un alto cargo de la Consejería, ante la comisión correspondiente de las Cortes, al objeto de informar sobre la situación del COVID 19 en Castilla-La Mancha, negándose –reprocha– a calificar otras iniciativas ante el pleno y también en comisión, todas ellas relacionadas con el coronavirus.

Tanto Merino como la diputada Ana Guarinos han trasladado al presidente de las Cortes su disconformidad ante su forma de proceder, «arbitraria y nada democrática».

Y consideran que «esta decisión supone poner a las Cortes a disposición del Gobierno además de limitar la iniciativa de control del Gobierno por los diferentes grupos parlamentarios, iniciativa que en este momento y ante la situación de crisis sanitaria que se está viviendo, debería impulsarse y no limitarse».

«La decisión adoptada hoy por la mayoría absoluta del Gobierno de Emiliano García-Page ha coartado los derechos de los grupos parlamentarios y el deber de transparencia que deben cumplir las Cortes regionales como sede de representación del conjunto de la ciudadanía castellanomanchega», ha indicado Lola Merino, que ha lamentado «el uso torticero» que hace el Gobierno de García-Page de las instituciones.