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Rafa Esteban podría entender el vasco en el Senado gracias a la Inteligencia Artificial

El nuevo Senado que salga de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afrontará el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta. La institución valora el uso de Inteligencia Artificial para la traducción automática dentro de un contrato de interpretación que alcanza los 1,6 millones de euros y que enfrenta a los partidos políticos.

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La Cámara Alta se prepara para un nuevo escenario político tras los comicios generales fijados para el 29 de noviembre. Entre los asuntos pendientes destaca el encaje de las lenguas cooficiales desde la tribuna de oradores. Tras la peripecia de los últimos días para cerrar las listas del PSOE en Guadalajara, el más que probable senador socialista por la provincia podrá vivir esta nueva polémica parlamentaria en primera fila. En efecto, Rafael Esteban es en estos momentos el único nombre conocido con posibilidades de sentarse en la calle Bailén. Además, está a la espera de lo que decidan las demás formaciones que concurran por esta circunscripción.

Mientras los partidos de izquierda y las formaciones independentistas reclaman extender su uso a la totalidad de los debates parlamentarios, Vox defiende recortarlas drásticamente. Por su parte, el Partido Popular aboga por mantener el modelo actual sin modificaciones.

En este contexto institucional, la administración del Senado analiza la implantación de herramientas de Inteligencia Artificial para agilizar la traducción automática de los diferentes idiomas autonómicos. Sin embargo, fuentes parlamentarias recuerdan que cualquier paso en esta dirección dependerá exclusivamente de una decisión política de los grupos. Esto ocurrirá tras la constitución de la nueva Cámara.

La apuesta tecnológica del Parlamento

El Senado se ha consolidado como un referente tecnológico en el ámbito legislativo nacional. La institución aprobó pioneras directrices para el uso de algoritmos y adquirió licencias corporativas de sistemas avanzados como Gemini Enterprise. El objetivo pasa por optimizar los recursos internos y explorar soluciones digitales ante los elevados costes de los servicios de interpretación tradicional.

Hasta la fecha, el empleo del catalán, el euskera y el gallego se restringe de forma estricta a las sesiones plenarias destinadas a mociones, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y al registro de determinados escritos parlamentarios. Durante la pasada legislatura, los grupos nacionalistas impulsaron varias iniciativas para reformar el reglamento y universalizar estos idiomas. Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular frenó las modificaciones.

Posturas enfrentadas entre los grupos

Las diferencias ideológicas sobre este asunto son profundas. Vox ha registrado reiteradas iniciativas para limitar el uso de la Cámara exclusivamente al castellano.

Vox ha propuesto en varias ocasiones acabar con el uso de las lenguas cooficiales en el Senado, a pesar de estar limitado. Sin embargo, el PP tampoco ha accedido a que únicamente se hable castellano en la Cámara Alta.

De hecho, el propio presidente del Senado, el ‘popular’ Pedro Rollán, aseguró en una entrevista con Europa Press que no tenía previsto ampliar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Señaló que el castellano es una lengua que «une a todos».

Y es que el PP también se opone a extender el uso de las lenguas cooficiales a todos los debates del Senado. Así lo han dejado patente los ‘populares’ cuando se universalizó el gallego, el euskera y el catalán en el Congreso.

En la bancada opuesta, los socialistas apoyaron en su día la tramitación de una reforma impulsada por Junts para universalizar los idiomas cooficiales. Sin embargo, la ampliación sucesiva de los plazos de enmiendas y la posterior disolución de las Cortes por el adelanto electoral de 2023 dejaron la medida sin efecto práctico. Esto ocurrió antes de su votación definitiva.

Un coste millonario en traducción

El mantenimiento de los servicios lingüísticos supone una partida presupuestaria considerable para las arcas públicas. El Senado formalizó en 2024 un contrato específico para la interpretación y traducción. Este contrato contempla un gasto máximo de 1,6 millones de euros si se ejecutan la totalidad de las prórrogas previstas.

El pliego administrativo inicial fijó una base de licitación de 402.325 euros, con la opción de prorrogar el acuerdo hasta en cuatro ocasiones por idéntica cantidad anual. Sin embargo, este despliegue técnico contrasta con la evolución de la plantilla de traductores. Por ejemplo, el servicio se puso en marcha en 2005 con 25 intérpretes especializados. Actualmente, la cifra se redujo hasta los 16 profesionales encargados de cubrir las sesiones autorizadas.

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