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2 octubre 2024
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Ser gay en España: más de la mitad ha sufrido burlas en su empresa

El 40% de las personas trabajadoras LGTBI ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo y el 75% reconoce haber presenciado algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

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UGT Guadalajara presentaba días pasados su informe ‘Derechos con orgullo. Hacia centros de trabajo inclusivos’, un estudio realizado por el sindicato que, según este, indica que aunque en España se han dado «pasos importantes» en cuanto a los derechos del colectivo LGTBI, lo cierto es que «en la sociedad aún no se ha logrado normalizar la diversidad afectivo-sexual, algo que es extensible al ámbito laboral».

UGT ha querido mostrar la realidad que viven estas personas en el trabajo, dotando además a las delegadas y delegados sindicales de las herramientas necesarias para poder prevenir, proteger y perseguir los actos que merman y lesionan los derechos de las personas trabajadoras por su orientación sexual o por su identidad de género, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en la región, Ana González, y el secretario general de UGT Guadalajara, Francisco José Sánchez, han indicado que la LGTBIfobia en el entorno laboral viene demostrada por los datos del Observatorio Español contra la LGTBIfobia, donde se indica que el 57,8% ha sufrido comentarios o insultos despectivos, algo que contrasta con las pocas denuncias que sobre estos hechos presentan las personas afectadas, las cuales incluso llegan a preferir abandonar su puesto de trabajo.

El informe ‘Derechos con orgullo. Hacia centros de trabajo inclusivos’ también alerta de que el 40% de las personas trabajadoras LGTBI ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo y el 75% reconoce haber presenciado algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

La percepción de sus posibilidades en el mercado laboral es más negativa en el caso de las personas LGTBI y es que el 74,4% piensa que no tiene las mismas oportunidades y el 90% considera un inconveniente ser LGTBI a la hora de encontrar un empleo.

Además, el 86% opina que es necesario ocultar su orientación sexual para acceder a un empleo o entrevista y el 20% afirma haber sufrido violencia sexual y tres de cada cuatro han tenido miedo a revelar su orientación en el trabajo.

Desde UGT Guadalajara sostienen que es imprescindible la formación de los delegados y delegadas sobre los derechos del colectivo LGTBI, así como negociar y acordar medidas o cláusulas de protección en los convenios colectivos para salvaguardar los derechos de estas personas trabajadoras, máxime cuando solo un 32,1% de las empresas tiene implantado un protocolo.

Las propuestas que hace el sindicato en este sentido pasan por garantizar la formación y sensibilización del personal de las administraciones públicas, educativas, sanitarias y sociales, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre la realidad y necesidades de las personas LGTBI; la creación de programas de formación e información dirigidos a los centros educativos para incorporar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar de manera transversal en sus currículos formativos; y por implantar medidas dirigidas a erradicar la discriminación LGTBIfóbica dentro del ámbito laboral, además de complementar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas trans, por estar en situación de especial vulnerabilidad.

Igualmente, el sindicato plantea establecer medidas sancionadoras en caso de conductas lesivas que vulneren la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras LGTBI; animar a la denuncia en los casos en que se produzcan agresiones o violencias verbales, físicas o sexuales hacia las personas LGTBI; la creación de Planes de Acompañamiento a personas trabajadoras trans en el ámbito laboral; y la aprobación de la Ley LGTBI y Ley Trans por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual lleva tramitándose más de un año.