El Ejecutivo italiano ha formalizado este viernes la suspensión temporal del régimen de libre circulación de Schengen para los flujos procedentes de España. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha justificado la decisión como una acción de emergencia para «salvaguardar la seguridad nacional» y prevenir posibles repercusiones migratorias en el país transalpino.
A través de sus canales oficiales, Meloni ha asegurado que la restricción se mantendrá «solo durante el tiempo estrictamente necesario» y con el compromiso de minimizar el impacto en los desplazamientos turísticos estivales. No obstante, el Ministerio del Interior italiano, tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, ha dejado claro que la directiva entrará en vigor el 1 de agosto por un periodo inicial de 30 días, reservándose la opción de prorrogarla.
Filtros en aeropuertos y puertos: a quién afecta el control
A pesar del despliegue en aduanas, las autoridades italianas han precisado que la suspensión del tratado no alterará el tránsito de los ciudadanos comunitarios. Los viajeros con pasaporte español, italiano o de cualquier otro Estado miembro del espacio Schengen seguirán circulando sin cambios.
Los controles reforzados se centrarán de forma exclusiva en los nacionales de terceros países que vuelen o naveguen desde territorio español. En paralelo, Roma ha coordinado acciones con París: el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha acordado con su homólogo francés, Laurent Nuñez, un incremento de la vigilancia en la frontera terrestre entre Italia y Francia.
Choque diplomático directo entre Madrid y Roma
La decisión de Roma es el punto culminante de un agrio cruce de declaraciones entre ambos Gobiernos tras el pico de presión migratoria vivido en Ceuta, donde se registraron 60.000 entradas irregulares en un solo día, aunque la gran mayoría ya ha sido devuelta a Marruecos.
El Gobierno de Pedro Sánchez respondió con dureza convocando al embajador italiano en Madrid, calificando las exigencias de Meloni de «impropias de un país socio». Por su parte, el presidente español ha replicado públicamente recordando que los datos oficiales de Frontex confirman que Italia duplica las llegadas irregulares de España en el periodo 2021-2026, defendiendo que «el respeto a los tratados y a los datos no es opcional».
Respaldos en el norte de Europa y pulso en la UE
Pese al malestar de Madrid, la postura del Ejecutivo italiano ha encontrado eco favorable en otros socios comunitarios. Países como Austria, Finlandia y Dinamarca han mostrado su sintonía con la necesidad de aplicar controles reforzados en la frontera exterior.
Desde Roma, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, sostiene que la crisis de Ceuta demuestra que la custodia de las fronteras de la Unión Europea es una «responsabilidad compartida», advirtiendo del riesgo de permitir flujos no controlados y su potencial vinculación con amenazas a la seguridad regional.