El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reprochado este lunes que los dividendos extraordinarios que reparten las empresas del Ibex 35 en realidad los pagan la clase trabajadora mediante «millones de horas de trabajo gratuito».
Es una de las conclusiones que el ministro ha dejado durante su intervención en la jornada ‘The Wealth Cap Proyect’ celebrada en el Congreso y donde se ha analizado la redistribución de la riqueza y la concentración de gran parte del patrimonio en muy pocas manos.
Bustinduy ha expuesto que en España alrededor de 33 personas poseen patrimonios superiores a los 1.000 millones de euros cada una, lo que supone cerca de 197.500 millones de euros que equivalen al patrimonio que mantiene el 40% de la población. En esta línea, el ministro ha señalado que en 2025 se produjo un pago récord de dividendos de unos 29.000 millones de euros, una cifra que no se había visto nunca.
Con ese panorama, el ministro ha censurado que la concentración «obscena» de la riqueza en pocas manos es lo que está detrás del «asedio» a las democracias y al sistema multilateral de derecho internacional tal como se conocía.
«El auge de fuerzas antidemocráticas autoritarias o reaccionarias es sólo la expresión política de un proyecto que incumbe desde los sectores productivos de vanguardia y el desarrollo tecnológico hasta la financierización que implica el desmantelamiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos tales como los conocíamos», ha arg Bustinduy.
A renglón seguido, el titular de Consumo ha incidido en que las clases trabajadoras están pagando una doble e incluso triple penalización en el caso del reparto de dividendos, pues a su juicio son «millones de horas de trabajo gratuitas» que se transforman en beneficios acumulados para los accionistas y que acaban tributando «menos que el salario de un profesor de instituto».
SOBRE EL DEBATE PÚBLICO
En su exposición, Bustinduy ha criticado que estas cifras de concentración de riqueza no se incluyan en los debates públicos sobre sostenibilidad fiscal, y se ha quejado que en debates sobre la sostenibilidad del gasto público o de las pensiones nunca se mencione que «hay casi 200.000 millones de euros en manos de tres personas» en España.
El titular de Derechos Sociales también ha destacado los beneficios récord del sector financiero, señalando que el año pasado los beneficios solo en el sector bancario alcanzaron un máximo histórico en 34.000 millones de euros.
Con todo ello, Bustinduy ha insistido en defender la iniciativa legislativa presentada por Sumar para crear un gravamen del 3% a los patrimonios que superen los 50 millones de euros, pues estos «podrían producir una recaudación extraordinaria superior a los 4.000 millones de euros anuales» que se dirigiría a financiar un fondo de lucha contra la pobreza infantil que a su vez financia la prestación universal por crianza.
El ministro ha asegurado que está «ultimando» la plasmación de esa prestación universal en el proyecto de Presupuestos de 2027, que de momento continúan negociándose en el seno del Gobierno a la espera de presentarse en el Congreso.
Es una de las conclusiones que el ministro ha dejado durante su intervención en la jornada ‘The Wealth Cap Proyect’ celebrada en el Congreso y donde se ha analizado la redistribución de la riqueza y la concentración de gran parte del patrimonio en muy pocas manos.
Bustinduy ha expuesto que en España alrededor de 33 personas poseen patrimonios superiores a los 1.000 millones de euros cada una, lo que supone cerca de 197.500 millones de euros que equivalen al patrimonio que mantiene el 40% de la población. En esta línea, el ministro ha señalado que en 2025 se produjo un pago récord de dividendos de unos 29.000 millones de euros, una cifra que no se había visto nunca.
Con ese panorama, el ministro ha censurado que la concentración «obscena» de la riqueza en pocas manos es lo que está detrás del «asedio» a las democracias y al sistema multilateral de derecho internacional tal como se conocía.
«El auge de fuerzas antidemocráticas autoritarias o reaccionarias es sólo la expresión política de un proyecto que incumbe desde los sectores productivos de vanguardia y el desarrollo tecnológico hasta la financierización que implica el desmantelamiento de los sistemas de protección social y los servicios públicos tales como los conocíamos», ha arg Bustinduy.
A renglón seguido, el titular de Consumo ha incidido en que las clases trabajadoras están pagando una doble e incluso triple penalización en el caso del reparto de dividendos, pues a su juicio son «millones de horas de trabajo gratuitas» que se transforman en beneficios acumulados para los accionistas y que acaban tributando «menos que el salario de un profesor de instituto».
SOBRE EL DEBATE PÚBLICO
En su exposición, Bustinduy ha criticado que estas cifras de concentración de riqueza no se incluyan en los debates públicos sobre sostenibilidad fiscal, y se ha quejado que en debates sobre la sostenibilidad del gasto público o de las pensiones nunca se mencione que «hay casi 200.000 millones de euros en manos de tres personas» en España.
El titular de Derechos Sociales también ha destacado los beneficios récord del sector financiero, señalando que el año pasado los beneficios solo en el sector bancario alcanzaron un máximo histórico en 34.000 millones de euros.
Con todo ello, Bustinduy ha insistido en defender la iniciativa legislativa presentada por Sumar para crear un gravamen del 3% a los patrimonios que superen los 50 millones de euros, pues estos «podrían producir una recaudación extraordinaria superior a los 4.000 millones de euros anuales» que se dirigiría a financiar un fondo de lucha contra la pobreza infantil que a su vez financia la prestación universal por crianza.
El ministro ha asegurado que está «ultimando» la plasmación de esa prestación universal en el proyecto de Presupuestos de 2027, que de momento continúan negociándose en el seno del Gobierno a la espera de presentarse en el Congreso.