A lo largo de la mañana del viernes se desarrollaba en el Ayuntamiento de Guadalajara el denominado «Debate sobre el Estado de la Ciudad». En realidad, se trató de una sucesión de intervención de los diferentes portavoces, con protagonismo especial para el equipo de de gobierno.
En su larga intervención inicial, el alcalde Alberto Rojo ha sido pródigo en elogios hacia los suyos y parco en novedades. Ni siquiera lo ha sido en lo referido a la prostitución, aunque sí ha sorprendido el énfasis de sus palabras: «Vamos a señalar al putero», ha sentenciado con rotundidad, antes de señalar que «la prostituta es la víctima». No ha detallado más sobre en qué forma se señalará al cliente en Guadalajara de servicios de prostitución.
Hace justamente un mes, el 23 de septiembre, la concejala Sara Simón aprovechaba el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas para dar algunas pistas. En lo formal, pasa por integrar a Guadalajara en la Red de Ciudades Libres de Trata. También anunció que «en los próximos días se comenzará a tramitar el cambio de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la Convivencia Ciudadana».
Según Simón, «esta primera e importante acción» tendrá como objetivo «proteger a las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución y que se persiga y se castigue a los proxenetas; así como a las personas que demanden servicios sexuales, porque recordemos que, sin demanda, no hay prostitución, y sin prostitución, no hay trata».
En paralelo, se propondrá al Consejo Sectorial de Igualdad la creación de una Mesa contra la Trata en la ciudad de Guadalajara, que será la encargada de desarrollar y coordinar un «Plan Municipal de acción para luchar contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual».
Una actividad prohibida en las calles de Guadalajara desde 2009
En realidad, la cuestión de la prostitución, especialmente la callejera, ha sido abordada a lo largo del tiempo, mucho tiempo ya, por el Ayuntamiento de Guadalajara. Hace ya una década la concejala popular María José Simón (ahora encuadrada en las filas de Vox) firmaba un convenio con Guadacoge para atender a las mujeres que ejercían esta actividad… a las que se podía multar por su búsqueda de clientes a la luz del día o de la noche. Era la consecuencia de la Ordenanza de Convivencia de 2008, impulsada por ella misma y ampliada en 2009 para prohibir tal actividad en la vía pública en la capital alcarreña.
La normativa contra la prostitución que planteó el PP data, en efecto, de 2009: se aprobó el 30 de octubre de aquel año. Se establecían sanciones de hasta 1.500 euros por «la práctica y el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública». El texto prohibía las relaciones sexuales en el espacio público, «así como la exhibición, el ofrecimiento y la demanda de sexo remunerado y especialmente cuando se lleve a cabo a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o cualquier actividad comercial o empresarial».
