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Guadalajara
25 abril 2024
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Caza furtiva con galgos en una zona de protección de avutardas

Los furtivos emprendieron la huida en un vehículo campo a través en el momento de percatarse de la presencia de los agentes; tras una persecución en motocicleta fueron interceptadas en el casco urbano de Quer.

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La patrulla del Seprona de Guadalajara ha llevado a cabo varias actuaciones policiales relacionadas con posibles conductas de caza ilegal con galgos. Los agentes han comprobado «la comisión de importantes infracciones administrativas» en esta materia y las consiguientes denuncias a sus infractores cazando en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Los agentes del Seprona, que tenían conocimiento de hechos similares cometidos días antes en la zona, habían procedido a incrementar la vigilancia en varios cotos de caza de las localidades de Quer y Villanueva de la Torre. Fruto de estas actuaciones, el día 27 de julio, en un coto de caza del término municipal de Quer, fueron sorprendidas tres personas batiendo el terreno con galgos.

Estas personas, junto con otra más que ejercía labores de vigilancia, emprendieron la huida en un vehículo campo a través en el momento de percatarse de la presencia de los agentes; tras una persecución en motocicleta fueron interceptadas en el casco urbano de Quer.

Zona de especial protección por las avutardas

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la zona donde fueron sorprendidos los infractores es una zona catalogada como ZEPA. De hecho, se han avistado varios grupos de avutardas en estos días, que es un ave especialmente protegida en la legislación española.

Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias administrativas requeridas, el uso de armas, medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas.

Dichas conductas están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla La Mancha que contempla sanciones de hasta 60.000 euros.


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