La Comisión regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (CROTU) ha emitido al fin el informe favorable, previo a la aprobación definitiva, de la recalificación de la parcela del Palacio de los Condes de Medina en Guadalajara. La decisión llega después de un larguísimo proceso, salpicado de enfrentamientos partidistas entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades y que afecta al caserón del siglo XVI que fue sede de Cultura y de la Delegación de la Junta.
Puesto a la venta hace una década, nadie ha terminado de adquirir un edificio que está protegido, pues forma parte del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.
El principal escollo ha venido siendo que desde Toledo no se modificaba su calificación como solar destinado a usos dotacionales, como son los administrativos. Ahora, sí, podrá ser utilizado para fines residenciales o terciarios, lo que facilitará algún día su reconversión en hotel, servicios de restauración o de hostelería. En la actual coyuntura económica, eso es impensable. Cuando la pandemia pase al olvido y España se recupere, habrá que sortear las previsibles discrepancias entre los muchos herederos que son copropietarios del inmueble, que en el pasado ya mostraron sus desavenencias.
En los últimos años ha sido frecuente ver como las ventanas de la antigua casa solariega (profundamente reformada hace décadas con cargo a las arcas públicas al comienzo de ser alquilada para Delegación de la Junta) permanecían ostensiblemente abiertas, a merced de las palomas. Ese fue un procedimiento que en otros edificios de la ciudad bastó para acelerar el deterioro y que se aceptaran expedientes de ruina, algo que en este caso no se ha producido.
A la venta desde 2010
Era en 2016 cuando el Ayuntamiento de Guadalajara, con Antonio Román como alcalde, volvía a proponer la modificación puntual al Plan de Ordenación Municipal que afecta a este antiguo palacete. El primer intento se había producido en 2011. Se pretendía entonces modificar la consideración del inmueble para uso dotacional, con lo que sólo ha podido hasta venir siendo ocupado por administraciones públicas desde los tiempos de la Sección Femenina. El problema era que para que dicho cambio fuese posible era necesario, a juicio de los entonces responsables municipales, que ese uso dotacional se transfiriera a otro inmueble… concretamente, el antiguo edificio de Caja Guadalajara, propiedad de la empresa pública GEACAM y ocupado actualmente por la Junta de Comunidades. La oposición a ese cambio fue siempre rotunda desde Toledo, incluso en tiempos de Cospedal.
Mientras, a escasos metros y desde aquellos años sigue sin uso el solar de otra casa solariega, demolida por ruina. Algunos aún añoran el bar que alojó en sus bajos, «El Boqueron«. Han pasado lustros desde que actuó la piqueta, mucho más de los dos años que la normativa exige que transcurran para que el Ayuntamiento pueda forzar la construcción de un nuevo edificio en el solar, incluso contra el criterio o los intereses de los propietarios.
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