El Hospital Universitario de Guadalajara se ha situado en el epicentro de la conflictividad sanitaria en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos del Registro de Episodios Conflictivos (REC) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), el complejo hospitalario alcarreño lidera una negra estadística autonómica con 55 agresiones contabilizadas entre enero y agosto de 2026. Está por delante del Hospital Universitario de Toledo (41) y del Hospital General Universitario de Albacete (30).
El problema en Guadalajara no se limita al ámbito hospitalario. En la Atención Primaria provincial, el centro de salud de Guadalajara-Manantiales destaca con 8 incidentes registrados. Esto se suma a una marea regional que alcanza los 550 episodios en los ocho primeros meses del año (321 en Atención Primaria y 228 en Atención Especializada). Ante estas cifras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido respuestas inmediatas y un refuerzo real de la seguridad.
Una violencia invisibilizada que golpea a médicos y mujeres
Desde el sindicato advierten de que la situación en los pasillos y consultas del hospital guadalajareño y del resto de la red autonómica es aún más preocupante de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
Victoria Gutiérrez, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, señala que «muchos compañeros no denuncian por miedo o porque consideran que no sirve para nada». Por lo tanto, el promedio actual de más de dos agresiones al día a nivel regional es solo la parte visible del problema.
El perfil de los ataques en la comunidad revela que el 95% de los casos (524) son de carácter verbal. Sin embargo, también se han notificado 13 agresiones físicas, además de ataques por escrito y daños a instalaciones e informática.
Asimismo, la brecha de género es aplastante: el 77,7% de las víctimas son mujeres. Por colectivos, los más afectados son los médicos (217 incidentes), el personal de enfermería (98), los auxiliares administrativos (70) y las auxiliares de enfermería (44).
Aumento imparable desde la pandemia y peticiones de auxilio
La evolución en la provincia de Guadalajara refleja una tendencia que no deja de crecer a nivel autonómico. En todo el territorio castellanomanchego se pasó de 424 incidentes en 2019 a 696 en 2024 y un pico de 808 en 2025. Esto confirma que la conflictividad se ha disparado tras la pandemia.
Para frenar esta escalada en el Hospital de Guadalajara y en los centros de salud más expuestos —como Toledo 3 (25 casos) o El Quiñón (21)—, CSIF reclama la aplicación de medidas de protección alineadas con las pautas del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Entre las prioridades destacan la dotación de personal de vigilancia en la Atención Primaria, la revisión urgente del ‘botón del pánico’, la instalación de cámaras de seguridad y la entrega de dispositivos disuasorios individuales (sonoros y lumínicos). Asimismo, el sindicato pide adaptar los espacios asistenciales con múltiples salidas de emergencia. También pide acompañamiento en visitas domiciliarias y aplicar con firmeza un régimen disciplinario para pacientes reincidentes en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El último caso, en Toledo
La Sección Sindical de CESM-CLM en Toledo ha denunciado la agresión sufrida el pasado 8 de septiembre por una facultativa que se encontraba prestando asistencia en el PAC del Centro de Salud de Mora.
Como consecuencia de la agresión, la profesional permanece desde ese mismo día en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, con consecuencias físicas y psíquicas que hacen prever una prolongación significativa de su baja.
Por ello, y a través de nota de prensa, ha solicitado a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo la investigación del accidente, la revisión de la evaluación de riesgos y de las medidas de protección frente a agresiones existentes en el Centro de Salud de Mora, así como la adopción de las medidas correctoras necesarias.
Para CESM, lo ocurrido «vuelve a poner de manifiesto una realidad que, desgraciadamente, se ha convertido en demasiado habitual en nuestra sanidad: los profesionales sanitarios siguen siendo víctimas de agresiones mientras las medidas adoptadas por la Administración no consiguen evitar que estos hechos se repitan».
«Cada nueva agresión provoca declaraciones de condena, preocupación y rechazo. Pero después de cada una de ellas no puede limitarse la respuesta a lamentar lo ocurrido y esperar a que la próxima agresión vuelva a ocupar los titulares».
Por ello, desde el Sindicato Médico exigen que las agresiones a los profesionales sanitarios sean abordadas como lo que son: «un grave problema de seguridad y salud laboral que requiere medidas preventivas eficaces, recursos suficientes y una evaluación real de las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo».
Además, alertan, las consecuencias de estas agresiones no terminan en el profesional que las sufre. «Cuando una facultativa permanece de baja durante un periodo prolongado y no existen profesionales suficientes para garantizar su sustitución, se reduce la capacidad asistencial del centro y aumenta la presión sobre el resto de la plantilla».
«No es aceptable que la ausencia de una profesional víctima de una agresión tenga que ser compensada mediante una mayor sobrecarga de trabajo de sus compañeros ni que los pacientes terminen pagando las consecuencias de la falta de recursos humanos».
Por ello, el Sindicato Médico ha reclamado que, más allá de las condenas públicas que se producen después de cada agresión, se adopten de una vez medidas «eficaces que permitan prevenirlas y proteger realmente a quienes cada día están al frente de la asistencia sanitaria».
«La próxima agresión no puede volver a ser la ocasión para que todos nos echemos las manos a la cabeza. Las medidas de prevención deben llegar antes», concluyen.