Torres de Colón, en el centro de Madrid. (Foto: La Crónic@)
Torres de Colón, en el centro de Madrid. (Foto: La Crónic@)

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de carácter extraordinario de este viernes, la declaración del estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) –y que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios.

En la conversación que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasadas las 12.00 horas, el jefe del Ejecutivo le ha trasladado que hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el Estado de Alarma. No obstante, han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.

“Cortesía” de Pedro Sánchez

Esta decisión se produce después de que Ayuso haya llamado al presidente del Gobierno después de haber comenzado ese Consejo de Ministros extraordinario, a pesar de que el jefe del Ejecutivo, “por cortesía”, decidió retrasar esta reunión desde las 8.30 hasta las 12.00 para darle más tiempo.

Estas fuentes explican que la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha presidido la reunión del Consejo de Ministros, en ausencia de Sanchez –que estaban en Barcelona con el Rey– se ha puesto en contacto con Aguado para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de ministros y que la Presidenta no había llamado al Presidente.

Pedro Sánchez, en su comparecencia con Isabel Díaz Ayuso, el 21 de septiembre de 2020.
Pedro Sánchez, en su comparecencia con Isabel Díaz Ayuso, el 21 de septiembre de 2020. (Foto: EP)

Madrid se resiste

La Comunidad de Madrid ha presentado una propuesta que busca restringir, a través de una orden, la movilidad en 51 zonas básicas de salud y baja los criterios de 1.000 contagios de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes a 750.

Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa telemática, tras la reunión de trabajo mantenida durante toda la mañana de este viernes, en la Real Casa de Correos, liderada por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

“La Comunidad tiene un plan contra el coronavirus y este plan, con la máxima humildad y prudencia, es un plan que está funcionando. Lo llevamos ejecutando desde hace semanas. Está basado en las zonas básicas de salud, que es el elemento sanitario de monotorización y control que nos permite tomar las decisiones estratégicas más favorables para contener el virus”, ha manifestado.

Empiezan las críticas contra Díaz Ayuso

Tras la decisión formal no han tardado en llegar las primeras andanadas contra la Comunidad de Madrid. El Gobierno, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ha culpado este viernes a la Comunidad de Madrid del caos jurídico en torno a las restricciones para frenar la expansión del coronavirus porque su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no siguió el camino de su colega de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP.

En una serie de comentarios de su cuenta de Twitter, Montilla esgrime que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, deben ejecutar las actuaciones coordinadas en salud pública adoptadas por el Ministerio de Sanidad y, en tanto que conllevan limitación de derechos, sustentarlas en la Ley Orgánica de 1986 que les habilita a adoptar las medidas “que considere necesarias”, con ratificación judicial.

Sin embargo, subraya que la Comunidad de Madrid no sustentó su Orden en la citada norma, “sino como cumplimiento de una del Ministerio de Sanidad con el único título legal habilitante de la Ley de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”.

Por eso, el secretario de Estado sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado “lógicamente” las restricciones impuestas por Sanidad en la capital y otros nueve municipios, ya que “una ley ordinaria como la alegada por la Comunidad de Madrid no ofrece cobertura legal suficiente a la limitación de derechos fundamentales”.

Una actuación que contrastaría con la llevada a cabo por el presidente de Castilla y León, cuyas medidas de restricción de la movilidad en León, Palencia y San Andrés del Rabanedo sí han pasado el filtro del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Más información: