La Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebra este martes un procedimiento judicial de gran calado. El proceso es contra dos varones acusados de un delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil.
Según detalla el escrito fiscal, la operativa delictiva se desarrolló entre marzo y abril de 2024. Durante este periodo, los procesados se pusieron en contacto de forma reiterada con distintas delegaciones del grupo Elektra. Esta firma está especializada en la distribución de material eléctrico.
El ‘modus operandi’: pedidos masivos y recibos falsificados
Los implicados realizaban grandes encargos de cable de cobre simulando una solvencia económica inexistente. Para lograr retirar la mercancía sin levantar sospechas iniciales, los acusados enviaban justificantes bancarios falsificados que aparentaban abonar las sumas correspondientes.
Sin embargo, las transferencias reales nunca se ejecutaban. Tras remitir los documentos bancarios fraudulentos, acudían presencialmente en cuestión de horas a las instalaciones comerciales para cargar el material y llevárselo.
Afectación directa a la sede de Guadalajara y otras provincias
El fraude afectó a múltiples centros logísticos de la compañía repartidos por la geografía nacional, sumando un perjuicio económico total que supera los 42.600 euros.
Entre los establecimientos perjudicados figura una planta del grupo situada en Guadalajara. Allí el montante defraudado ascendió a 15.902,89 euros. El resto de las estafas se repartieron entre delegaciones ubicadas en Logroño (18.565,77 euros), Lugo (13.541,29 euros), A Coruña (10.536 euros) y Vigo (13.121 euros). Así, se configuró una red de estafas interprovinciales.
Siete años de cárcel y compensación económica solicitados
Ante la gravedad de los hechos probados durante la instrucción, el Ministerio Fiscal ha solicitado una condena de siete años de privación de libertad para cada uno de los dos acusados.
Asimismo, la acusación pública exige que ambos procesados asuman la responsabilidad civil conjunta. Pide que indemnicen de manera solidaria a las empresas del grupo eléctrico afectadas con una cantidad total fijada en 42.643,06 euros en concepto de daños patrimoniales y compensación por el material sustraído.
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