Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.
Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado validez a la nueva versión de las normas dictadas por el Gobierno regional en las residencias de mayores contra el COVID. Tras comprobar que el Gobierno regional ha cambiado el texto en el que hubo desacuerdo en primera instancia, da ahora luz verde a la nueva redacción, al no afectar a derechos fundamentales. La Consejería de Bienestar social, de la que es titular la guadalajareña Bárbara García Torijano, ahora sólo «recomienda» que el personal de las residencia se haga PCR u otras pruebas para seguimiento de la enfermedad. No puede obligar.

Así se desprende del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que ha publicado una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social en la que da constancia que ya no es precisa la ratificación de las medidas adoptadas en la nueva redacción del 20 de agosto por no afectar a derechos fundamentales.

Intento fugaz

Las dos medidas denegadas eran la realización de test periódicos a los trabajadores de las residencias y a quienes ingresen o reingresen en las residencias, y al aislamiento de las personas que presentaran una clínica sospechosa de Covid hasta la realización de las pruebas necesarias.

Tras el rechazo en primera instancia del Alto Tribunal castellanomanchego, el Gobierno regional planteó recurso judicial, si bien el Tribunal Supremo se alineó con la justicia regional y tumbó estas dos premisas.

En la nueva propuesta de decreto, la Comunidad Autónoma retocó estos dos extremos, dejando en recomendación la obligación de que los trabajadores tuvieran que testarse e imponiendo, por ejemplo, que aquellos empleados que regresaran de vacaciones pasaran un tiempo sin poder desempeñar su labor con personas residentes no vacunadas.

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