Acaba de ocurrir en El Casar, con una adolescente víctima de la actuación de tres menores, investigados como presuntos autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos: difundieron imágenes íntimas de una menor, con la que había mantenido una relación uno de ellos.
El caso llegó a la Guardia Civil al ser denunciados los hechos por la madre, la cual comunicó que estaban circulando imágenes íntimas de su hija en una conocida red social.
Las investigaciones practicadas por el Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara permitieron la identificación del presunto autor de los hechos, expareja de la víctima. Él fue quien realizó capturas de pantalla en el transcurso de una videollamada y quien también, posteriormente, difundió las imágenes a otras dos personas de su círculo mediante un mensaje, utilizando una red social. Quienes recibieron las imágenes también están bajo investigación, ya que compartieron y difundieron las imágenes en redes sociales.
Y ahora, ¿qué?
La responsabilidad por estas prácticas de «sexting» está condicionada, como las de cualquier otro delito, por la edad de los autores.
Con todo, el artículo 197.1 del Código Penal hace referencia al delito de descubrimiento y relación de secretos, relativo a: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Los riesgos de enviar fotos o vídeos de carácter sexual comienzan con su divulgación entre personas que no eran los destinatarios. Al tratarse de contenidos íntimos, su difusión conlleva sin duda una pérdida de privacidad, de tal modo que se produce un daño en la reputación de la víctima, deteriorando su imagen pública. Además, esta divulgación puede acarrear otras consecuencias más graves tales como el ciberbullying, extorsión, chantajes, groming y acoso sexual.
También pueden ocasionar riesgos físicos, ya que estos contenidos pueden ser utilizados por presuntos agresores para seleccionar a sus víctimas, ya que los contenidos pueden mostrar en ocasiones elementos que ayudan a determinar la localización del menor fácilmente, tales como el centro donde estudian, domicilio, geolocalización… o cuando los metadatos señalan el posicionamiento donde se han grabado las imágenes.