La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), ha denunciado ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo, el "incumplimiento" de los planes de inspección de calidad ambiental por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
En un comunicado, la asociación ha explicado que esta decisión se ha tomado debido a que no se ha querido contar sistemáticamente desde la Administración con el Cuerpo de Agentes Medioambientales en dichos planes, a pesar de que se haya solicitado en varias ocasiones por parte de APAM, ya que representan la "policía medioambiental de Castilla-La Mancha".
Así, ha recordado que la Directiva Europea 2010/75/UE sobre emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), establece que todas las instalaciones industriales que inciden en el medio ambiente deben de estar cubiertas por un plan de inspección medioambiental realizado por las administraciones a escala nacional, regional o local.
APAM ha constatado que en Castilla-La Mancha "se ha producido un claro incumplimiento sistemático del control y prevención, ya que en el año 2015 aproximadamente se ha incumplido en un 60 por ciento el plan de inspección medioambiental, mientras que en los años 2016 y 2017 el incumplimiento ha aumentado hasta llegar al 80 por ciento".
El caso de Chiloeches
A juicio de la asociación, episodios como los de Chiloeches, Seseña o las espumas del Tajo "se podrían haber evitado si el Gobierno regional cumpliera con el programa de inspecciones, pero la realidad actual es que a pesar de las peticiones de APAM-CLM, se sigue sin tener la intención de contar con el cuerpo de agentes medioambientales para el próximo plan de inspección medioambiental de Castilla-La Mancha 2018-2024".
Además APAM-CLM manifiesta que se debería de haber creado la Unidad Especializada de Calidad Ambiental, unidades provinciales formadas y dotadas de efectivos tal y como se contempla en el reglamento que regula a estos agentes de la autoridad.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha solicitado informe al respecto a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ya que podrían derivarse responsabilidades administrativas y penales que pudieran provenir de las actuaciones u omisiones en materia de inspección medioambiental, a lo que habría que sumar las repercusiones en sanciones económicas por parte de la Comunidad Europea, al no cumplir el Gobierno de Castilla-La Mancha con las obligaciones establecidas en la directiva europea.