El Estatuto de la Mujer Rural salió adelante este jueves en Toledo con los votos a favor de PSOE y de Ciudadanos y la abstención del PP. “Esta ley supone la respuesta a un compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con los principios de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres, afectando especialmente a las mujeres de nuestro medio rural, con el objetivo de corregir la discriminación que sufren en esos territorios afectados por la despoblación”, ha apuntado la diputada por Guadalajara en las Cortes regionales, María Jesús Merino.

La alcaldesa de Sigüenza destaca que entre los objetivos principales están “fomentar nuevas oportunidades de empleo para las mujeres rurales, mejorar su calidad de vida e impulsar el emprendimiento femenino en el mundo rural”. 
 
Esta nueva legislación servirá para la inclusión en el mercado laboral de las mujeres que viven en municipios menores de 30.000 habitantes, haciendo especial hincapié en los más pequeños, y luchando contra su invisibilización en el sector agrícola.
 
Para conseguirlo no se crearán líneas nuevas de ayuda específicas, sino que se priorizará en la concesión de las ayudas que ya se prestan desde el ámbito regional a aquellas iniciativas encabezadas por mujeres que viven y desarrollan su labor profesional en el mundo rural. De este modo, se fomentará la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres agricultoras y ganaderas mediante ayudas y subvenciones destinadas al abono de las cuotas en el régimen que corresponda a su actividad agraria, fomentando además las titularidades compartidas de las explotaciones agrarias, ya que en su amplia mayoría pertenecen solo a hombres, viéndose ninguneado el trabajo que realizan las mujeres en dichas explotaciones agrarias al no reconocérselas como titulares de las mismas.
 
Titularidad compartida

“El aspecto más innovador de esta ley es en el que se regula su participación en las titularidades compartidas y en las cooperativas agrarias, ya que las mujeres siempre han estado presentes en el trabajo agrícola, sujetando las economías domésticas y llevando labores tanto agrícolas como burocráticas, pero desde un segundo plano, por lo que se trata de poner negro sobre blanco que la mujer está ahí y está desarrollando un trabajo”, ha subrayado Merino, recordando que las mujeres suponen la mitad de la población de Castilla-La Mancha y el 16% de ellas viven en el entorno rural “donde queremos fijar población haciéndolo atractivo para las mujeres al ofrecer nuevas oportunidades de acceso al mercado laboral, que contribuyan a frenar el vaciamiento, envejecimiento y masculinización de la población en los entornos rurales”.
 
En la actualidad hay sólo un 6% de mujeres en los consejos rectores de las cooperativas agrarias, cifra que se espera que con esta ley pasen a ser un 40% al facilitar el acceso a las ayudas a aquellas organizaciones que alcancen estos porcentajes de paridad. Además se fomentará de manera más incisiva las titularidades compartidas, así como la representación de las mujeres en el ámbito agrario, en la línea con la política emprendida en la anterior legislatura. Cabe recordar que, en los últimos 4 años ya se ha pasado de 28 a 177 explotaciones de titularidad compartida en Castilla-La Mancha, y se espera que este estatuto suponga un salto hacia adelante.