La responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, ha sido la última persona en incidir públicamente en algo que conocen bien muchas mujeres de la región: Guadalajara es una de las 12 provincias españolas en las que no se ha practicado ningún aborto en los últimos cinco años. Como aclara esta dirigente, la «situación es debida a que esta prestación sanitaria no es cubierta ni por clínicas privadas ni por la Sanidad Pública».
La responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida Castilla-La Mancha reclama el incumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que reconoce «a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan».
Hace esta petición ya que considera que en la región está instalado «un modelo que sigue impidiendo que los servicios incluidos en la cartera del Sescam se implementen de forma completa, como es el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla-La Mancha».
Por ello, «las mujeres residentes en Toledo, Cuenca o Guadalajara solo pueden abortar en dichos centros o trasladándose a comunidades autónomas vecinas», eso a pesar de que la interrupción del embarazo es un derecho desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva que la reconoce como una prestación sanitaria obligatoria que debe estar contemplada en el Sistema Nacional de Salud.
La promesa de Irene Montero
«Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos», sostenía el pasado mes de febrero Irene Montero en la Comisión de Igualdad del Congreso. La frase, si se cumple en toda su extensión, tendría una consecuencia directa en Guadalajara, en cuyo hospital público no se practican abortos por falta de facultativos que estén dispuestos a hacerlo. Los médicos implicados se niegan, apelando a la cláusula de conciencia.
El caso de Guadalajara, aunque paradigmático, no es una excepción. De hecho, se calcula que solo el 15% de los abortos en España se realizan en centros públicos. El 85 por ciento pasa por los centros concertados; ninguno de ellos está en la provincia de Guadalajara, lo que obliga a las mujeres a desplazarse, generalmente a Madrid. Dentro de Castilla-La Mancha, sólo se han practicado en clínicas de Albacete y Ciudad Real.
La derivación a clínicas madrileñas se mantiene inalterada desde hace décadas y no se detuvo tampoco durante el Gobierno de Cospedal, con José Ignacio Echániz como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Este político del PP, actualmente diputado en Cortes por Guadalajara, se mostró abiertamente en contra de la Ley del Aborto promovida por el PSOE y asumió la aplicada por el Partido Popular.
Medio millar de casos al año en Guadalajara
Cada año rondan el medio millar las mujeres residentes en la provincia de Guadalajara que interrumpen un embarazo. Según los datos que ha podido consultar LA CRÓNICA en el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2019, en ese año fueron exactamente 452 la mujeres atendidas, casi todas remitidas desde su centro de salud.
Perfil de las mujeres que abortan con residencia en Guadalajara
El perfil de edad mayoritario es el comprendido entre los 20 y los 35 años. Entre 15 y 19 años de edad, en 2019 fueron 51 casos; 5 de ellas tenían 15 años, que es la menor edad registrada en las tablas. En el otro extremo, sólo 2 mujeres tenían más de 44 años.
En consecuencia, en la gran mayoría de los supuestos estamos ante personas con estudios completados de ESO o de Bachillerato, sin hijos en el 43%; la cuarta parte, con un hijo previo y con dos, en otro 24,22% exactamente. Ocho de las mujeres que recurrieron a la IVE en 2019 en Guadalajara tenían ya 5 o más hijos.
Según esa misma estadística oficial, 296 de las mujeres no habían sido sometidas a abortos anteriormente (un 65,48%), 106 ya habían abortado en una ocasión previamente y 5 de ellas lo habían hecho en cinco o más ocasiones. En la gran mayoría de los casos, se interrumpe con 8 semanas o menos y prácticamente siempre es por petición de la mujer (398) frente a los 37 que en el citado 2019 se practicaron por «grave riesgo».
Una aprobación pendiente de negociación
Para que la ministra de Igualdad vea aprobado el texto que pretende aún tendrá mucho que esperar e incluso que negociar, ya que necesita el apoyo de la parte socialista del Gobierno, además de que la reforma sobreviva a la tramitación parlamentaria.
Por lo que ha trascendido, el texto que maneja Irene Montero contempla alguna limitación al ejercicio de esa cláusula de conciencia de modo que se consiga el ya apuntado objetivo de que en todos los hospitales públicos de España haya ginecólogos dispuestos a realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). «Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos», ha asegurado la ministra. No se sabe a ciencia cierta cómo pretende conseguirlo.
El Ministerio de Igualdad quiere acabar también con los tres días de reflexión obligatoria que marca la ley. Además, las embarazadas de 16 y 17 años podrían abortar sin consentimiento de sus padres.
La actual Ley del Aborto en España es de 2010.