Exterior de los Juzgados de Guadalajara el 30 de noviembre de 2022. (Foto: EP)
Exterior de los Juzgados de Guadalajara el 30 de noviembre de 2022. (Foto: EP)

El juicio previsto para este 30 de noviembre en el Juzgado número 1 de Guadalajara, en el que se iban a sentar en el banquillo 8 activistas antidesahucios ha quedado suspendido sin fecha, debido a la huelga convocada en la Administración de Justicia. Los hechos que originaron este proceso ocurrieron el 5 de diciembre de 2017, durante una sucursal ante la oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo, en el intento de paralizar un desahucio.

A la salida de los juzgados y entre gritos de ‘Libertad de reunión, sin entrar a la prisión’, varias decenas de miembros de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) han mostrado su apoyo a los acusados y su «indignación» por las peticiones de pena solicitadas para los acusados. Consideran que la protesta en el interior de la sucursal fue «pacífica». Ante los Juzgados de Guadalajara han estado presentes también cargos políticos de formaciones como Unidas Podemos-IU y de Aike.

Se pide cárcel para los acusados

La Fiscalía pide para los acusados 8 meses de cárcel, que podrían llegar a los 10 meses. Sería así se probaran los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público. Por parte de CaixaBank se pide una condena de más de tres años y medio de cárcel por los delitos de allanamiento, coacciones, resistencia a los agentes y desórdenes públicos.

Uno de los citados como acusado para este fallido juicio ha planteado que a él y a sus compañeros «se les detuvo irregularmente, se les ha acusado ilegalmente, se destruyeron pruebas, y ahora alargan un proceso judicial que va a superar ya los cinco años», una situación con la que creen que se pretende que se produzca «un desgaste» que «no van a conseguir».

Así, ha lamentado que hoy se pretendiera celebrar este juicio a puerta cerrada «sin presencia de observadores ni de organismos de Derechos Humanos» que, como Amnistía Internacional, querían estar físicamente en la sala.

Compromiso verbal

Según ha denunciado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el banco se había comprometido verbalmente a paralizar el desalojo a la espera de que se negociara un alquiler social, por intermediación del Ayuntamiento de la localidad, pero se habrían negado a dejar por escrito los términos de este compromiso, por lo que los activistas decidieron acudir a la sucursal a pedir los papeles necesarios para ayudar a la mujer.

Mientras, las viviendas habían sido entregadas a una gestora que, sin embargo, empezó a «hostigar y acosar» a las familias, según el mismo testimonio.

Desde la PAG ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales españolas hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha reiterado Nuria Ramos, una de las portavoces, para quien la detención de los compañeros que hoy se iba a juzgar fue «ilegal». «Hace falta un punto y final», ha abundado, lamentado la impunidad y las irregularidades que está habiendo en todo el proceso.

Huelga de secretarios

La huelga que ha afectado a este juicio es la de los secretarios judiciales, actualmente denominados «letrados de la Administración de Justicia». 

Según los primeros datos de seguimiento, la mayor incidencia dentro de Castilla-La Mancha se ha alcanzado precisamente en Guadalajara. De hecho, su portavoz regional es Luis Gómez, desde la capital alcarreña.

Tras esta segunda jornada, habrá nueva convocatoria para el 14 y 15 de diciembre y la posibilidad de que la huelga pasara a ser indefinida en enero.

Los secretarios judiciales son fedatarios públicos con responsabilidades similares a jueces y magistrados, según destacan desde este colectivo.


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