Los conflictos de consumo en Castilla-La Mancha podrán canalizarse a través de una Junta Arbitral regional que se constituirá próximamente. El primer paso se dará con la inminente firma de un convenio con el Ministerio de Consumo.
El consejero de Desarrollo Sostenible, el guadalajareño José Luis Escudero, ha avanzado que de este modo habrá un cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de «carácter inmediato y ágil». Así, además, Castilla-La Mancha se adapta a la normativa europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Internet, al servicio del consumidor
Escudero, quien ha estado acompañado del director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha informado también sobre los datos de visitas del portal de Consumo de la Junta de Comunidades a lo largo del año 2020, la herramienta on-line que las personas consumidoras tienen a su disposición; y ha dado a conocer los aspectos más significativos del Plan de Consumo e Inspección de Mercado de Castilla-La Mancha para 2021.
Desde el Ejecutivo regional, se continúa avanzando en la defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y desarrollando la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Ley que quiere dotar a las administraciones locales de herramientas claves para la resolución amistosa de litigios y conflictos evitando llegar a la Justicia ordinaria, «como las que representan los colegios arbitrales de consumo».
En ese sentido, se firmarán ocho convenios para consolidar y recuperar en la región el sistema arbitral de consumo por importe de 110.000 euros con los ayuntamientos de Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina, y la Diputación de Albacete, «dando un paso definitivo en este año 2021 en la consolidación de unos organismos que recuperamos después de su desaparición en el año 2011 por el colapso sufrido durante la gestión del gobierno del PP, en el que más de 5.000 expedientes caducaron por el incumplimiento de la tramitación de los plazos».
Junto a la consolidación y recuperación del sistema de arbitraje, el titular de Desarrollo Sostenible también ha informado que se ha creado una nueva partida en los presupuestos de 2021 para apoyar que las entidades locales desarrollen programas de Consumo con una línea de 100.000 euros. «Entre ambas líneas alcanzamos 210.000 euros, una cantidad significativa que destinamos a fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras y que queremos consolidar», ha afirmado Escudero.
Plan de inspección de Consumo
Por último, el consejero se ha referido al Plan de Inspección de Consumo para 2021 que se publicaba este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). «Un plan que se presenta cada año, con el objeto de dotar a la actividad inspectora de consumo de un mayor grado de transparencia sobre el control de mercado, tanto de cara a la coordinación entre administraciones con competencias en materia de inspección de consumo, como al sector empresarial. Que permita recabar información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas».
«Con estos planes se pretende evitar fraudes y competencias desleales, por tanto, beneficiar a consumidores y a la vez, a las mismas empresas», ha incidido el consejero, pues «se trata de evitar que los derechos de los consumidores se pongan en riesgo y a su vez lanzar un mensaje de tranquilidad mediante las actuaciones preventivas de inspección a la hora de que los productos cuenten con todas las garantías de seguridad, salud y los legítimos intereses económicos para los consumidores».
Además, ha añadido, que es un plan bien recibido por el sector empresarial y comercial, en la medida en que se logra reducir el grado de infracción por desconocimiento de las normas, implementar sistemas de autocontrol y la colaboración con los servicios de inspección. En el año 2020 se han realizado 92.481 actuaciones de inspección en la región.
Entre las campañas de inspección de consumo previstas para 2021 destacan la campaña de comercialización de mascarillas higiénicas en la que revisa la información al consumidor y las condiciones de comercialización exigibles a este tipo de mascarillas; la campaña de estaciones de servicio para verificar el cumplimiento del decreto que aprobó la Consejería hace año y medio en el que se garantizaban los derechos de las personas consumidoras con independencia de que la prestación del servicio se hiciese en la modalidad presencial, en autoservicio o desatendida.
También las campañas de productos alimenticios de calidad diferenciada, para proteger productos reconocidos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de aquellos que no la tiene. Y las campañas europeas de juguetes eléctricos y de artículos de puericultura, para poner en valor las actuaciones preventivas que permitan reducir el número de notificaciones de alertas de accidentes ocurridos en la población infantil en este tipo de artículos, especialmente considerando la vulnerabilidad de la población destinataria.