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28 marzo 2024
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UGT denuncia en Guadalajara a la empresa de las ambulancias por la falta de material de protección

UGT ha denunciado a la empresa de ambulancias en Guadalajara "por no garantizar al cien por cien la protección de los trabajadores que están en primera línea atendiendo a pacientes contagiados por Coronavirus o sospechosos de estarlo". El sindicato anuncia que se van a interponer demandas en el Juzgado similares para todas las actividades en que se están produciendo situaciones similares.

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Este martes, 14 de abril de 2020, UGT ha interpuesto demanda judicial contra la empresa SSG, adjudicataria del servicio de ambulancias del SESCAM en la provincia de Guadalajara. Según fuentes del sindicato, lo hacen «para garantizar la protección de los trabajadores al cien por cien en el manejo de casos confirmados o sospechosos de estar infectados por coronavirus». Esta no sería más que la primera de una batería de demandas, que deberán materializarse en los próximos días para otras actividades en contacto con posibles infectados.

«Es inadmisible que a día de hoy la plantilla de SSG no disponga de los medios adecuados en cantidad, y calidad suficiente”, ha resumido un portavoz de UGT.

Medidas cautelares urgentes

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Guadalajara ha pedido ante el Juzgado la aplicación de medidas cautelares previas y urgentes, para que «en un plazo de 24 horas improrrogable» se entreguen guantes desechables de un solo uso en número suficiente, batas impermeables homologadas o monos de protección biológica ambos de uso individualizado, junto a gafas de protección y mascarillas FFP2.

«No solo escasea este material, sino que también de forma reiterada se están incumpliendo los protocolos y procedimientos establecidos, tanto para los dispositivos de urgencias, como para los programados. No se entregan EPIs a todos los trabajadores, se reciclan aquellos que son de un solo uso, y las mascarillas no siempre son las adecuadas» insisten desde UGT.

El sindicato indica que la ley de Protección de Riesgos Laborales establece la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, por parte de las empresas adjudicatarias, en este caso SSG, o la Administración Pública en el caso de los empleados a su cargo.