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3 mayo 2024
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2 edificios y 11 parcelas dejarán el «limbo» de la Iglesia en Guadalajara y buscan dueño

Este jueves se ha conocido un listado de 1.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, en los cuales, según el ministro Bolaños "se han detectado errores, problemas, de tal manera que esos bienes, la Iglesia reconoce que no le corresponden y ahora toca regularizar". Hemos hecho recuento de los correspondientes a la provincia de Guadalajara.

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El Gobierno de España quiere que todos los municipios afectados puedan «recuperar inmediatamente» los bienes inmatriculados por la Iglesia católica que les pertenezcan. Así lo ha indicado este jueves el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios, tras su reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la sede de la FEMP.

Durante la misma, Bolaños ha hecho entrega a Abel Caballero de un listado de 1.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, en los cuales, según el ministro «se han detectado errores, problemas, de tal manera que esos bienes, la Iglesia reconoce que no le corresponden y ahora toca regularizar».

La Iglesia insiste en que no se trata de devolver 1.000 bienes inmatriculados sino que asegura que lo que le ha entregado al Gobierno es un informe con un millar de errores —entre el listado de casi 35.000 que el Gobierno envió al Congreso hace un año–, bienes de los que no les consta tener la titularidad, que son de terceros o que ya vendieron.

Todo esto es continuación del «acuerdo» que han llegado el Gobierno e Iglesia católica en la comisión de inmatriculaciones y de la reunión que mantuvieron el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella.

¿Qué hay en la provincia de Guadalajara?

En el listado que ha podido consultar LA CRÓNICA, figuran 14 apuntes referidos a la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, más otro que no aclara en qué municipio se encuentro y que hace alusión a un «templo» sin más datos de ubicación.

Los que se reflejan con toda claridad son los siguientes inmuebles:

Almonacid de Zorita. Templo. (Parroquia de San Martín)

Condemios de Abajo. Ermita (Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Condemios de Abajo)

Además, se detallan 11 parcelas, tanto rústicas como urbanas porque, en todas ellas, «no consta que sean del Obispado ni que se hayan inmatriculado». Son las siguientes:

Budia. Dos parcelas rústica de la parroquia de Budia.

Fontanar. Parcela del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de Jerónimas, en la calle Venus, 34.

Marchamalo. Tierra en el lugar llamado Barruelo, de la parroquia de la Santa Cruz de Marchamalo.

Renera. Son dos: parcela de secano en El Pozo y otra más en La Compuerta.

Romanones. Dos parcelas de cereal secano en el sitio de Río de San Andrés.

Tortuero. Huerta urbana de la parroquia de San Juan Bautista.

Uceda. Haza grande de la parroquia de Nuestra Señora de la Varga.

Yélamos de Abajo. Parcela rústica de la parroquia de la Purísima Concepción.

En todos los casos, se incluyen en esta relación tal y como figuran en el documento oficial dado hecho público este jueves por el Gobierno de España.

Un millar de inmatriculaciones «erróneas»

Tal y como ha detallado el presidente de la FEMP, Abel Caballero: «en torno a 1.000 bienes van a ser devueltos a sus propietarios y el mecanismo de devolución es a través de los ayuntamientos, lo pondremos en conocimiento de las alcaldesas y alcaldes en los que estén esos bienes que van a ser devueltos a sus propietarios».

Según ha puntualizado, «la inmensa mayoría» de los bienes de este listado «no está determinado en el documento quién es el propietario» por lo que «serán las alcaldesas y alcaldes los que tendrán que hacer la investigación, localizar a los propietarios».

A su juicio, «no es tarea fácil» pero se ha comprometido a hacer el trabajo y ha agradecido al Gobierno que se lo encargue a los alcaldes: «Queremos estar y vamos a estar», ha subrayado.

Para Abel Caballero, estas inmatriculaciones «nunca se deberían haber producido» pero ha celebrado este «paso muy significativo». «Hacer que el derecho a la propiedad sea respetado», ha zanjado.

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