Oficina de Correos.
Oficina de Correos.

El Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara ha estimado la demanda interpuesta por una trabajadora de Correos y condena a la empresa a indemnizarla con 9.854 euros por vulnerar su derecho a la libertad sindical. todo ocurrió después de que se presentara a unas elecciones sindicales.

Según se desprende del fallo de la sentencia, facilitada desde el sindicato CSIF, la magistrada aprecia que existe una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical del artículo 28.1 de la Constitución.

La trabajadora, según recuerdan desde el sindicato, se presentó a las elecciones sindicales como integrante de CSIF y en diciembre de 2019 entró a formar parte del Comité de Empresa de Correos en esta provincia.

En la sentencia se declaran nulas las dos contrataciones a la trabajadora a tiempo parcial, en dos periodos de marzo de 2020, para sustituirla por una trabajadora con jornada a tiempo completo.

También, se declara nula la actuación de Correos consistente en no contratar a la trabajadora en el mes de diciembre de 2020, sustituyendo su contratación incluso con trabajadores que no forman parte de las Bolsas de Empleo, con trabajadores que formaban parte de la Bolsa de Empleo de Madrid y con trabajadores que tenían un número de prelación muy inferior al de la denunciante en la Bolsa de Empleo de Guadalajara.

«Sufrimiento personal» de la trabajadora

El fallo señala que «la actuación empresarial fue muy lesiva para la actora, demasiado descomedida y desconsiderada, y con potencialidad suficiente para originar un sufrimiento personal a la trabajadora que afecta a sus relaciones con sus compañeros de trabajo».

Según la sentencia, se constata que la empresa pública postal «expande una noción de que un trabajador perteneciente a una Bolsa de Empleo no tiene derecho a presentarse a unas elecciones sindicales».

CSIF considera esta sentencia como muy importante «porque respalda toda la labor sindical desarrollada en defensa de los trabajadores y trabajadoras de Correos, una empresa pública que arrastra una temporalidad superior al 30% y con unas condiciones laborales precarias».

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