El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca defenderá en el próximo pleno una moción contra la okupación ilegal de viviendas. Para conseguirlo, plantean la modificación de varias leyes y así hacer posible el desalojo de los okupas en 24 horas, la celebración de juicios rápidos y el endurecimiento de las penas con hasta 3 años de cárcel.
Los ‘populares’ azudenses alegan que en el municipio, con datos de Cáritas, se tiene registrada la existencia de 69 viviendas en situación irregular en distintos barrios, en las que residen un total de 146 personas, entre hombres, mujeres y menores.
Al menos, que no estén en el padrón
Además, a nivel municipal, la propuesta del PP plantea cambios en la Ley de Bases de Régimen Local dirigidos a impedir la inscripción en el padrón municipal de los okupas o la devolución del IBI a los propietarios de inmuebles afectados, una vez que hay una resolución judicial firme.
«La ocupación ilegal es un problema grave que Azuqueca arrastra desde hace ya muchos años, dando lugar a conflictos, serios problemas de convivencia, situaciones de violencia, tráfico de drogas y tensión vecinal. El Gobierno municipal no puede mirar para otro lado, sino que desde el Ayuntamiento hay que implicarse para acabar con el problema», ha señalado la portavoz del PP, Aure Hormaechea, quien junto con el resto de concejales del Grupo participaba esta semana en la concentración de protesta impulsada por vecinos de la plaza de Castilla, donde se dieron cita cientos de personas.
El último caso de tensión
«Hubo insultos y amenazas y vivieron momentos de auténtica tensión», han asegurado los ‘populares’, recordando que no es la primera vez que esto sucede en de Azuqueca, un municipio con varias zonas afectadas por la ocupación ilegal, como Navarrosa, plaza General Vives, calle soledad, calle Libertad hasta iglesia de San Miguel, edificio Pizarro, la Estación, en la zona de Las 200).
Los populares recuerdan el intenso conflicto que se generó hace ya cuatro años con algunas de las viviendas okupadas en Azuqueca, llegándose a iniciar el proceso de desalojo de algunos de los inmuebles por la vía judicial.
Los ‘populares’ han recurrido al informe de Cáritas que forma parte del proyecto de ‘Mediación social con personas afectadas por la exclusión en cuando al acceso a la vivienda’, que constata que en Azuqueca hay 69 viviendas en situación irregular, en las que habitan un total de 146 personas, entre hombres, mujeres y menores.
Han recordado que hace tiempo se aprobó en pleno la elaboración de un plan contra la ocupación ilegal de viviendas, así como reclamar reformas legales para proteger a los propietarios afectados.
Medidas vigentes sin aplicar
Todo ello se recoge en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia, cuyo artículo 135 dice que «previo estudio e informe preceptivo de la Policía Local, el Pleno municipal elaborará un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de Viviendas que garantice la restitución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno autonómico y en el marco de las medidas que éste adopte en el ámbito de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal».
De igual modo, los ‘populares’ han indicado que en el punto 2 de esa ordenanza se dice que «el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dispondrá de un servicio de asesoramiento y orientación jurídica a los propietarios y víctimas de estos ilícitos frente a tales conductas que violentan el ordenamiento jurídico y menoscaban los derechos de propiedad y vivienda».
«Pero nada de esto se ha cumplido. El alcalde y el Equipo de Gobierno permanecen impasibles, como si aquí no pasara nada, e incumpliendo los acuerdos municipales», lamenta la portavoz ‘popular’, que espera que el Gobierno municipal apoye en el Pleno previsto para el 29 de septiembre la propuesta de instar al Gobierno de Sánchez a que modifique las leyes para endurecer las penas en caso de ocupación ilegal de viviendas o inmuebles, medidas para proteger a los legítimos propietarios, desalojos en 24 horas y evitar empadronamientos de personas que ocupan inmuebles ilegalmente.