Youtube está lleno de canales dedicados a glosar (y enaltecer) la capacidad de los investigadores para resolver los crímenes, incluidos los más complejos. Son contenidos que también alimentan los canales de televisión más «frikis». Pero no siempre el éxito acompaña a su trabajo.
El fracaso ha sido especialmente notable, y doloroso, en lo intentar esclarecer el asesinato de Miriam Vallejo. El caso sigue abierto, sin nuevos resultados concretos.
La joven, de 25 años, fue asesinada en enero de 2019 en un camino dentro del término municipal de Meco (Madrid), cerca de la casa donde vivía en Villanueva de la Torre. Había salido a pasear a sus perros. Su cuerpo presentaba cerca de 90 heridas de arma blanca y el crimen, como decimos, continúa sin esclarecerse.
En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Uno de los investigados permaneció en prisión preventiva durante 126 días, pero fue exonerado al no encontrarse pruebas concluyentes en su contra. Ahora se ha aceptado indemnizarle en metálico por el tiempo transcurrido en prisión. En efecto, el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional reconoció a Sergio S. M., compañero de piso de la víctima, el derecho a recibir una indemnización de 14.000 euros por los daños morales derivados de ese periodo de prisión preventiva.
En julio de 2025, la Guardia Civil volvió al lugar donde apareció el cadáver para realizar una reconstrucción de los hechos y desarrollar nuevas actuaciones. En el dispositivo participaron agentes de Homicidios, especialistas de Laboratorio, efectivos de Inspección Ocular y guías del Servicio Cinológico.
La reconstrucción reprodujo el recorrido que Miriam había realizado desde su domicilio hasta el paraje donde fue encontrada. Una agente simuló ser la víctima y recorrió el camino acompañada de cuatro perros, mientras los investigadores examinaban de nuevo el escenario.
La actuación permitió volver sobre el terreno para contrastar hipótesis y revisar las circunstancias del ataque, aunque no ha trascendido públicamente que estas nuevas diligencias hayan permitido determinar la autoría.
Otros casos, otros resultados
En juicios por delitos de homicidio, asesinato, desapariciones y ocultación de cadáveres, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional reconstruyen ante los tribunales el trabajo que desarrollan los investigadores sobre el terreno para localizar a una víctima, encontrar sus restos o esclarecer las circunstancias de un crimen.
Detrás de cada operativo hay horas de rastreo, análisis de indicios, reconstrucción de recorridos y coordinación entre distintas unidades, con el apoyo de medios técnicos y especialistas que permiten delimitar las zonas de búsqueda y orientar las pesquisas.
Sus declaraciones en la sala de vistas permiten conocer cómo se pasa de las primeras hipótesis a la búsqueda, qué dificultades afrontan cuando no disponen de una localización precisa y cómo cada hallazgo puede abrir nuevas líneas de investigación. Pero, antes de que esas actuaciones lleguen a los tribunales, los grandes dispositivos de desaparición muestran la importancia de coordinar a los distintos cuerpos y servicios especializados.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press para LA CRÓNICA ponen como ejemplo de la importancia de la coordinación entre unidades la búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Madrid en 2019, cuando se estableció un puesto de mando avanzado para organizar el dispositivo.
En el operativo participaron distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, entre ellas efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP, Caballería, guías caninos, medios aéreos y agentes de Policía Judicial de unidades centrales y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Las fuentes subrayan que la colaboración entre los equipos de investigación y los desplegados sobre el terreno resulta fundamental para coordinar las actuaciones y distribuir las zonas de búsqueda.
Los niños de Torrelaguna
En junio de 2011, dos hermanos de ocho y diez años desaparecieron en Torrelaguna. Tras las primeras búsquedas sin éxito, los menores fueron localizados el 14 de junio en un pozo de Algete, donde llevaban dos días. Juan José Ramos Amador fue condenado a 65 años de prisión por los delitos cometidos contra los niños.
La búsqueda comenzó después de que la madre denunciara la desaparición. La Guardia Civil desplegó un dispositivo por los alrededores con agentes de Seguridad Ciudadana, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), perros y un helicóptero. Sin embargo, las primeras batidas no dieron resultado.
Mientras los agentes rastreaban la zona, vecinos del municipio organizaron patrullas espontáneas para recorrer cuevas, arroyos y campos próximos. Los menores se encontraban en una finca privada a la que se accedía por un camino estrecho y poco visible desde la carretera M-103, entre Cobeña y Torrelaguna. En su interior había una antigua construcción en ruinas y un pozo seco.
La búsqueda concluyó cuando unos transeúntes escucharon las voces de los pequeños en torno a las dos de la tarde del martes 14 de junio y alertaron a los servicios de emergencia. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar y rescataron a los hermanos.
Posteriormente, las declaraciones de los agentes durante la vista oral permitieron reconstruir cómo los detalles aportados por los niños fueron encajando con los elementos que condujeron hasta el sospechoso, entre ellos las características del vehículo, las referencias geográficas y los tatuajes que describieron.
Juana Canal
El caso de Juana Canal constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de la minuciosidad de los operativos de búsqueda de restos humanos y de cómo una investigación puede avanzar años después de una desaparición.
La vecina de Ciudad Lineal desapareció en febrero de 2003. En abril de 2019, un senderista encontró fragmentos de un cráneo y un fémur en un paraje de la provincia de Ávila. El hallazgo acabaría siendo determinante para la investigación, aunque la identificación de los restos como pertenecientes a Juana Canal no llegó hasta años después.
En octubre de 2022, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron un amplio dispositivo en Navalacruz, en una zona situada a unos cinco kilómetros del municipio. En el operativo participaron más de 60 agentes de ambos cuerpos, especialistas de Policía Científica y Criminalística, unidades caninas y efectivos apoyados por medios terrestres, drones y georradar.
Las batidas se centraron en el entorno donde habían aparecido los primeros restos, con el objetivo de localizar otras partes del cuerpo. Los investigadores combinaron el rastreo del terreno con medios técnicos destinados a detectar posibles alteraciones del subsuelo y con perros especializados en la búsqueda de restos biológicos.
Durante estas actuaciones se encontraron nuevos fragmentos óseos cuyo análisis genético permitió vincularlos con la víctima. La expareja de la mujer fue detenida y reconoció haber enterrado el cuerpo en una finca de Ávila. Los agentes regresaron posteriormente al paraje con el detenido para que señalara los puntos donde, según su versión, había ocultado los restos.
La investigación expuesta durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid permitió conocer el alcance de las pesquisas, que incluyeron el análisis de las versiones ofrecidas por el acusado, su vinculación con el paraje y el examen de las comunicaciones telefónicas.
Jesús Pradales Herrero fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio intencionado de Juana Canal. El Tribunal Supremo confirmó la pena en febrero de 2026, después de rechazar el recurso de la defensa.
El caso muestra cómo el hallazgo de unos pocos fragmentos óseos puede desencadenar un trabajo prolongado de identificación, rastreo y reconstrucción de los hechos, en el que la coordinación entre unidades policiales y especialistas resulta determinante.
Mientras, los familiares y amigos de Miriam Vallejo esperan todavía datos para que se imponga la verdad y la justicia.
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