El alcalde de Marchamalo y senador socialista, Rafael Esteban, ha señalado este jueves que en caso de que a los ayuntamientos se les «exija poner freno a las ocupaciones» de viviendas «habrá que ver temas de competencias y financiación».
De este modo ha reaccionado el también secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, después de que tanto PP como Ciudadanos hayan abordado en sus respectivas ruedas de prensa esta asunto, «tergiversándolo».
«Parece que el PP ha inventado la fórmula, después de que propició el el ‘boom’ inmobiliario y no puso control ni freno a la cantidad de viviendas que se pusieron en juego», ha criticado Esteban, que ha asegurado que el Gobierno de España es sensible a las peticiones que formulan las Comunidades Autónomas, y por ello, se ha mostrado convencido de que atenderá las peticiones que sobre este asunto ha realizado el Gobierno castellanomanchego «para que la propiedad privada no se sienta amenazada».
Solución en los juzgados
Y es que el también alcalde de la localidad de Marchamalo ha dicho que este fenómeno afecta sobre todo a segundas residencias y a las viviendas de entidades bancarias, «a las que hay que poner algo de freno sin atacar».
De igual modo, ha hablado de «exigir medidas» al sistema judicial, pese al problema de ralentización que sufre, para abordar estas cuestiones, pues ese retraso favorece, ha dicho, la aparición de «mafias».
De ahí que haya suscrito lo dicho por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que en una entrevista con Europa Press ha urgido al Gobierno central a tomar medidas legislativas contra el creciente fenómeno de la ocupación de viviendas por parte de mafias, ya sean viviendas de ciudadanos particulares o propiedad de bancos o de otras sociedades.
La posición del PP, endurecer las penas
La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, sostiene que «si hay alguien que ha dado un paso adelante en Castilla-La Mancha y en este país para abordar el conflicto y la complicación que supone la okupación ilegal ha sido el PP», quien ha presentado ya un plan antiokupación a nivel nacional y que también ha sido «defendido» en las Cortes regionales con medidas que «vienen a frenar la okupación ilegal» y no contaron con el apoyo de la oposición.
Así lo ha manifestado Agudo en rueda de prensa en la que ha señalado que la okupación «se está sufriendo en muchos municipios de Castilla-La Mancha» y por ello defienden que se lleve a cabo el «plan de acción para evitar la okupación ilegal» con el objeto de «endurecer las penas» de 1 a 3 años para aquellas personas que ocupen una vivienda de forma ilegal. Un plan que «viene a garantizar» la propiedad privada así como la seguridad del ciudadano.
Además, ha señalado que se trata de un plan que invita a que los okupas «que están cometiendo una ilegalidad» puedan empadronarse y que además viene a reforzar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con la intención de que «puedan actuar de una forma urgente en el momento en el que se produce una ocupación ilegal».
Asimismo, ha recordado que una de las propuestas lanzada por Paco Núñez y que fue votada en contra por parte del PSOE consistía en «crear asociación para compartir el servicio de Policía Local» y reforzar su figura, además de incrementar las plantillas en los municipios y darles información y formación.
Por ello, Carolina Agudo ha defendido que desde el PP se está haciendo una «defensa férrea» de aquellos afectados por la ocupación ilegal en los municipios de Castilla-La Mancha y pide al presidente de Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que proponga medidas y se plante ante el Gobierno de España, que es quien tiene la competencia para frenar este tipo de delitos «en vez de dejar en entrevista o en noticias enlatadas como está haciendo como está haciendo en los últimos días».