El balance del primer semestre de 2026 ratifica la transformación de la red regional de cuidados. Con un ritmo de incorporación que supera las 25 altas diarias, la Junta de Comunidades ha rebasado ampliamente el objetivo de legislatura, fijado inicialmente en 100.000 recursos. Respecto a 2015, el sistema ha experimentado un incremento acumulado del 160%, sumando más de 75.000 prestaciones adicionales en la última década.
La estrategia autonómica apuesta por un catálogo diversificado que combina la permanencia en el entorno familiar con la atención especializada. Actualmente, la teleasistencia llega a 35.067 beneficiarios —la mayor cobertura del país—, mientras que la ayuda a domicilio atiende a 15.402 personas. Por su parte, los programas de promoción de la autonomía como SEPAP-MejoraT alcanzan los 15.400 usuarios, las plazas en centros de día se sitúan en 4.355 y la red de residencias públicas da cobertura a 13.057 dependientes.
Por áreas geográficas, el despliegue diario del sistema atiende a 8.621 familias en Guadalajara, 17.477 en Albacete, 21.496 en Ciudad Real, 11.388 en Cuenca y 23.666 en Toledo.
Motor de empleo rural y reducción de los tiempos de espera
Más allá de la cobertura social, la atención a la dependencia se consolida como un yacimiento de empleo clave para la cohesión territorial y el asentamiento de población en el entorno rural. El sector genera 28.014 puestos de trabajo en la región, creando cerca de 1.000 empleos anuales. Destaca la calidad de la contratación, ya que tres de cada cuatro contratos son indefinidos. En los centros residenciales operan más de 17.200 profesionales, a los que se suma el incremento de cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social, cifra que se ha multiplicado por siete desde 2015.
Este despliegue se apoya en un esfuerzo presupuestario que ha crecido un 86% desde 2015, al pasar de 372 millones a casi 692 millones de euros previstos para 2026. Esta inversión ha permitido a la comunidad situarse en la primera posición del Observatorio Estatal de la Dependencia con una nota de 8,25 sobre 10, liderando 15 de los 20 indicadores analizados.
Asimismo, la agilidad administrativa ha reducido el tiempo medio de resolución a 166 días, por debajo del límite legal de seis meses, habiendo recortado en un 95% la lista de espera de expedientes pendientes desde 2015. Actualmente, la Administración regional asume más del 71% del coste total del sistema, a la espera de que el Ejecutivo central incremente su aportación para avanzar hacia el modelo de cofinanciación al 50%.