Google es una herramiento fundamental, tanto para los usuarios como para los medios de comunicación, especialmente los digitales nativos como LA CRÓNICA. (Foto: La Crónic@)
Google es una herramienta fundamental, tanto para los usuarios como para los medios de comunicación, especialmente los digitales nativos como LA CRÓNICA. (Foto: La Cró[email protected])

Google cerró en diciembre de 2014 su servicio de Noticias en España. Desde entonces, los usuarios han estado siete años afectados por esa situación, con búsquedas condicionadas por la falta de ese servicio. La decisión se tomó tras las radicales discrepancias respecto al pago de la propiedad intelectual, consecuencia de una legislación impulsada por varios grandes grupos de comunicación. CEDRO, la sociedad que resultó beneficiada entonces por el llamado Canon AEDE, apenas ha gestionado 50.000 euros por tal concepto. Todo puede cambiar a partir de ahora.

Este martes, el Consejo de Ministros daba luz verde a la transposición de una directiva europea que, entre otras cuestiones, permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Hasta ahora, la gestión de esos derechos era irrenunciable para los medios, cuestión con la que siempre discrepó abiertamente CLABE, la asociación que agrupa a los editores españoles y a la que pertenece Faxmedia, la empresa editora de LA CRÓNICA.

«Necesitamos tiempo para analizar en detalle la nueva ley. En breve tomaremos decisiones sobre nuestros próximos pasos», ha avanzado un portavoz de Google en España en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA.

Años de anomalía para los medios españoles en Google

Con el cierre de Google News España, las publicaciones españolas dejaron de estar incluidas en el buscador. La Ley de Propiedad Intelectual contemplaba un derecho de compensación económica irrenunciable para los editores de noticias por parte de los agregadores de noticias que indexaran sus contenidos. España se convertía así en el primer país del mundo en el que cerraba este servicio.

El cierre fue anunciado entonces por el director de Google News, Richard Gingras, quien precisó que Google News no ganaba dinero, con lo que «este nuevo enfoque simplemente no es sostenible» y que el servicio creaba «valor real» para los medios reenviando a los lectores a sus respectivas páginas y les ayudaba a generar ingresos por publicidad.

El Ejecutivo ha dado luz verde ahora a esta nueva medida dentro de un Real Decreto-ley por el que transpone las directivas europeas sobre derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital. En concreto, en cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea.

«Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información», ha manifestado el Ministerio de Cultura.

Sesión de trabajo para editores en la sede de Google en la madrileña Torre Picasso, de Madrid, en 2018. (Foto: La Crónic@)
Sesión de trabajo para editores en la sede de Google en la madrileña Torre Picasso, de Madrid, en 2018. (Foto: La Cró[email protected])

Conducir al lector hacia los medios digitales

En este sentido, Cultura ha indicado que, con la transposición de la directiva europea, se regula en España la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

Respecto al modo de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Así, recalca que la negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará «de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación».

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