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19 marzo 2024
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JOSÉ LUIS HERAS CELEMÍN / La ministra de Hacienda, contra unos Presupuestos Generales del Estado de consenso

Podía haber sido el momento y ocasión para hacer algo a favor del proyecto de unos PGE de consenso. Empecinada, no hizo nada.

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“Solicitar que permitan la tramitación de los PGE, unos presupuestos de país, no del Gobierno ni de las formaciones políticas que lo componen. Un presupuesto de país, porque es el bienestar de los españoles y españolas, principalmente, y de su futuro lo que se dirime. En un momento de incertidumbre, ofrecen esperanza. Sé que vamos a conseguir recuperándonos y salir de la crisis, como todos los que estamos aquí deseamos. Certeza, confianza y esperanza en que podremos salir de esta crisis forjando las bases de un crecimiento sólido, fuerte, sostenible. En definitiva, que tenemos que avanzar en la necesaria modernización de nuestro sistema productivo a la vez que generamos mayor cohesión social y combatimos desigualdades para que nadie se quede atrás. Sufrimiento de la sociedad tras casi un año de pandemia, vidas perdidas, cansancio, agotamiento vital. Esperanza para el planeta de la vacuna comercial con una efectividad del 90% que abre una vía de esperanza para el planeta. Con todos, conseguiremos aportar las soluciones y anhelos. Como responsables públicos, es nuestra obligación dar respuestas y ofrecer soluciones. Con absoluta franqueza, sin disimular la situación ni un ápice. No podemos desde esta cámara, desde la política, añadir más penurias y dificultades de las que hay. Por eso quería que este debate fuera una invitación a practicar la política con mayúsculas, la que sirve al interés general para solventar problemas. Mi propósito será tratar de trasladarles los argumentos por los que el Gobierno cree que estos presupuestos tienen que continuar su tramitación.”

Hasta ahí, el inicio algo deslavazado de la presentación de los PGE de ministra de Hacienda. Apenas medio folio después, se desquició, se puso la cartera de Hacienda por montera y chafó cualquier posibilidad de consenso. Podía presentar propuestas, pero buscó lo bronca:

“La presentación de unas enmiendas a la totalidad de estos presupuestos demuestra, a mi juicio, una preocupante incapacidad para entender la situación tan excepcional que vive nuestro país. PP y VOX, sus propuestas de enmiendas a la totalidad y rechazar el proyecto de presupuestos que trae el Gobierno a esta cámara es una irresponsabilidad manifiesta. Pueden discrepar, pero no pueden dudar de la necesidad de unas cuentas públicas. Ahora es el momento. España necesita unos presupuestos con urgencia y son muchas las razones».

De sopetón, cambió para montar algo parecido a un mitin. Sin razones, empezó a hacer afirmaciones ajenas a lo que debería haber sido petición de concordia.

«Estos presupuestos aspiran a reflejar la pluralidad democrática y acogen las distintas sensibilidades». Los grupos políticos pueden presentar enmiendas. La pregunta no son las partidas presupuestarias, sino saber si queremos que nuestro país continúe con unos presupuestos inservibles en la peor crisis sanitaria. Decidir si dejamos la posibilidad de reconstruir nuestra economía sin estimular la creación de empleo y mejorar el Estado del Bienestar, o permitir la tramitación de unos nuevos. Ni inmovilismo ni frustración. Se descalifican las propuestas no por su contenido, sino por quién las propone. Sustitución de las ideas por la negación del adversario. Apelamos responsabilidad.

Con lo anterior, pelotera más que quimera, se autodescalificaba. Según ella, la verdad e ideas no importan. Refutaba la máxima de que la verdad (e ideas) importan, lo diga Agamenón o su porquero.

La ministra, ya fuera de cualquier razonamiento lógico, trató de enjaretar cuatro motivos tan atrabiliarios como incongruentes a favor de los presupuestos que no había apuntado: Deben de actuar como palanca para que la economía pueda recuperar la senda de crecimiento y creación de empleo de calidad. Revulsivo para el Estado del Bienestar. Canalizar los fondos europeos. Y convertirse en la base de un nuevo contrato social para cerrar brechas de desigualdad intergeneracional e interterritoriales.

Teóricamente, presentaba la propuesta de PGE del gobierno. Con el faro desenfocado hacia ‘un nuevo contrato social’, a continuación trató de entrar en harina, pero sin el relato concienzudo de quien distribuye dinero público para atender necesidades y conseguir adhesiones. En su lugar, en plan mitin excluyente en unos casos o buscando una empatía que había hecho imposible en otros, endilgó la que sería una ensalada indigesta de cifras sin justificar, salpimentada con frases grandilocuentes.

Apuntemos algunas siguiendo el orden con el que aparecieron: “Antes de entrar en cuentas públicas, situación en España previa a la pandemia”. Había 12 millones en riesgo de pobreza. Pero dos meses y medio después había que salvar vidas, modificar curva de contagios y medidas que pararon la actividad económica. Controlar pandemia. Aplicación estricta de medidas preventivas. La pobreza como factor de riesgo frente al COVID. ¿Por qué la contracción económica ha afectado a España? No es por incapacidad de gestión, sino por otras razones. Hemos distribuido más de 100 millones de mascarillas. IVA del 21 % al 4 %. Lo hacemos porque somos un gobierno sensible. Déficit de la administración 11,3 % del PIB. Ante la realidad, dos caminos: Ganar competitividad precarizando a la clase trabajadora. O crecer a partir de la innovación. Para el PP y Vox, Estado mínimo. Para este gobierno, cohesión social y redistribución de la riqueza. El PP rescató a los bancos, ahora el Estado rescata al país. En este presupuesto, reducción del déficit 7,7%. Posponer la solución hasta superar la pandemia. Europa ha entendido el problema y pone recursos: 700.000 millones, para España 140.000 millones, Aprovecharlo como país. En España recuperación, pero con posibilidad de empeorar. El PIB se prevé que baje el 11,2 %, en 2021 crecerá el 7,2%. El objetivo es el estimulo fiscal. Inversión pública. El ritmo de crecimiento será dispar, en función de cómo vaya la pandemia. El Gobierno ha trabajado para ver cómo reparte los fondos de la UE.

Siguió con más riegos de frases, y de cifras: 194.456 millones suma prevista. Estabilidad fiscal. Asentar bases de recuperación económica y social. Cambiar el modelo productivo. Mejora de ingresos tributarios del 13%. Baja la recaudación el 7%. IRPF, IVA e Impuesto de sociedades aumentan el próximo año. Que paguen los que más tienen en beneficio de las clases media y trabajadora. Revisión módulos autónomos. Aumento impuesto al diésel como medida medioambiental sin afán recaudatorio. Aumento impuesto Primas de seguros, impuesto de Capital y transacciones financieras. Son unas cuentas públicas expansivas, con el mayor gasto social de la historia (239.750 millones de gasto social).

Tras valorar los gastos en sanidad, más frases: Pobreza infantil, violencia de género. Permisos de maternidad y paternidad. Política educativa. Abandono escolar. Casi 10 millones de pensionistas mantendrán el poder adquisitivo. Avances en el Pacto de Toledo. Alquileres asequibles. Para terminar con un guiño: La partida de cultura sube un 20% (porque) la cultura es imprescindible.

Después se debatieron las enmiendas a la totalidad a los PGE que presentaban grupos de la Oposición parlamentaria.

Podía haber sido el momento y ocasión para hacer algo a favor del proyecto de unos PGE de consenso. Empecinada, no hizo nada.

En el Congreso de los Diputados estuvo la ministra de Hacienda contra unos Presupuestos Generales del Estado de consenso.


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