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24 septiembre 2021
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La ONCE y CCOO chocan por el centro especial de empleo de Cabanillas

Un Centro Especial de Empleo tiene una plantilla compuesta de al menos un 70% de trabajadores con algún grado de discapacidad. El de Cabanillas cuenta con 650 trabajadores, que fueron noticia recientemente por la alta producción de mascarillas en esas instalaciones.

Fabricación de mascarillas quirúrgicas en la planta de Ilunion en Cabanillas del Campo.
Fabricación de mascarillas quirúrgicas en la planta de Ilunion en Cabanillas del Campo.

CCOO cuestiona diversas formas de gestión de la ONCE en la empresa propiedad de su Fundación y que ocupa a 650 empleados en Cabanillas del Campo, la mayoría de ellos con discapacidades diversas. Se trata de un centro especial de empleo, bajo la marca Ilunion.

Según el sindicato, allí se «mantiene a más de un centenar de trabajadores en ERTE-Covid, mientras obligan al resto a hacer horas extra para recuperar las que presuntamente no pudieron trabajar mientras ellos mismos estuvieron en ERTE-COVID».

«Los cambalaches de la dirección de Ilunion para seguir aprovechándose de los ERTE son, a nuestro entender, incompatibles con la imposición de horas extra», denuncia Teresa Sánchez, presidenta del comité de empresa.

Varios centros en la provincia

Un Centro Especial de Empleo tiene una plantilla compuesta de al menos un 70% de trabajadores con algún grado de discapacidad. 

Según su propia web, Ilunion tiene 5 centros especiales de empleo, ubicados en Marchamalo y en la ciudad de Guadalajara además de en Cabanillas. Se dedican a lavandería y a lo que técnicamente definen como facility services.

Fue en 2016 cuando la Fundación ONCE se hizo con la totalidad del accionariado de Manchalán, empresa que en esas mismas instalaciones venía repitiendo el mismo modelo productivo, fuertemente bonificado por la Administración, desde sus comienzos en 1999. Quien salió de la sociedad entonces fue el grupo vasco Gureak, que tenía el 25 por ciento de las acciones. Un año antes, la ONCE ya había comprado el 50 por ciento que hasta 2015 detentaba el Grupo Mondragón, más conocido en la provincia de Guadalajara por sus establecimientos Eroski.

Al poco de comenzar su actividad, tras una inversión inicial de 750 millones, recibía la vista de José Bono cuando la plantilla aún rondaba las 70 personas que eran dedicados la fabricación de componentes eléctricos para electrodomésticos de línea blanca y de componentes de plástico para automóviles. Ocho años más tarde ya habían duplicado la plantilla.

Ya hubo encontronazos con CCOO en aquella lejana etapa.

Horas extras

Hasta el momento, Ilunion contaba con el 75 por ciento del accionariado de Manchalán, una vez formalizada en marzo de 2015 la operación de compra del 50 por ciento de las acciones de la Corporación Mondragón.

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, Ilunion tramitó un primer ERTE de seis meses para más del 70% de su plantilla, recuerdan desde CCOO.

«Después, lo ha renovado dos veces, ampliando la regularización al 100% de la plantilla si bien desafectando trabajadores progresivamente. En la actualidad, siguen afectados por el tercer ERTE, que finaliza el próximo 31 de julio, más de un centenar de trabajadores».

Pero simultáneamente, según el sindicato, «la empresa está obligando al resto a recuperar las horas que supuestamente dejaron de trabajar mientras ellos mismos estuvieron en ERTE».

Próximas asambleas

«Más aún: como ahora hay trabajando compañeros que tienen exceso de horas trabajadas, a esos los está enviando al ERTE, mientras que desafecta a los que tienen horas por recuperar. Para más inri, la empresa nos ha facilitado a la representación de los trabajadores un informe erróneo sobre las horas de exceso o defecto de cada integrante de la plantilla».

A su juicio, «cabe así incluso que esté forzando a algunos trabajadores a recuperar horas que en realidad ya trabajó». «Vamos a convocar asambleas de trabajadores para decidir cómo actuamos frente a esta actuación patronal; y a analizar también con los servicios jurídicos de CCOO la posibilidad de denunciarla», concluye Teresa Sánchez.

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