Cajero automático en Guadalajara.
Cajero automático en Guadalajara. (Foto: La Cró[email protected])

La iniciativa de la Diputación de Guadalajara para promover la instalación cajeros automáticos en 33 pueblos de la provincia que actualmente carecen de servicio bancario ha dado un nuevo paso. La iniciativa, de la que viene informando LA CRÓNICA en los últimos meses, es una forma de asegurar efectivo en la parte más despoblada de la provincia.

Este viernes, el presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega, ha firmado con los ayuntamientos de estos municipios los convenios que permiten el acondicionamiento de los locales y fijan los compromisos de mantenimiento de las instalaciones, en un acto conjunto celebrado en el Centro San José.

Tras el acto formal de la firma de los convenios, José Luis Vega ha indicado que el objetivo de la Diputación es que a principios de 2022 puedan empezar a instalarse los primeros cajeros automáticos y completar los 33 a lo largo del año.

La Diputación destina a esta iniciativa, que busca corregir la brecha financiera que sufren muchas zonas de la provincia, 458.814 euros del presupuesto de 2021, de los que 163.814 corresponden a obras de acondicionamiento en los locales municipales elegidos para su ubicación.

Uno de los alcaldes en el momento de la firma del convenio para la instalación de un cajero en su pueblo.
Uno de los alcaldes en el momento de la firma del convenio para la instalación de un cajero en su pueblo.

A qué se obligan los pueblos

El convenio que ha firmado cada uno de los ayuntamientos con la Diputación autoriza la cesión de una estancia municipal y el acceso del personal encargado del acondicionamiento e instalación del cajero automático. También establece como compromiso de cada ayuntamiento hacerse cargo de los gastos de mantenimiento, conservación y limpieza del local donde se ubicará el cajero y de la acometida eléctrica y de datos hasta el cuadro de dicha estancia.

Una vez instalado el cajero automático, su conservación y limpieza corresponderá a la empresa que resulte adjudicataria del servicio, así como los gastos de suministro de energía eléctrica y de datos. El contrato de la Diputación con la empresa que resulte adjudicataria de la prestación de este servicio, así como los convenios firmados con los ayuntamientos, tendrán una vigencia de cuatro años.

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