La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) ha acordado por unanimidad que el precio máximo de venta de los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 en las farmacias será de 2,94 euros a partir de este sábado.
En los últimos días se podían conseguir en Guadalajara y pueblos de las cercanías por 6 euros. En las últimas semanas de 2021, en el improbable caso de encontrarlos era frecuente que cobraran alrededor de 8 euros, siempre en farmacia.
Aun así, los test seguirán siendo más caros que los que vende Mercadona en Portugal, donde rondan los 2 euros. De las peculiares circunstancias del contrato firmado de urgencia por el Gobierno para conseguir este producto da detallada referencia algún medio español.
En rueda de prensa este jueves tras la reunión de la CIMP, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que el «objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, atendiendo siempre al equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico».
Según ha detallado Sanidad, los criterios para fijar esos 2,94 euros de precio máximo han contemplado, entre otros, el coste que tiene en otros países. «Se han considerado los precios de venta desde julio, cuando se puso el producto en el mercado en España, hasta la fecha. Hemos considerado el margen en el marco comercial de las farmacias y esto, considerando que el producto está exento de IVA, nos ha dado una orientación», ha explicado.
«La medida llega tarde», lamenta el propio sector
El acuerdo, que se firmará este mismo jueves y entrará en vigor el sábado, se va a aplicar a todos los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 que se vendan en farmacias y que hayan sido autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
La restricción de precios de estos productos ha sido aplaudida por buena parte del sector sanitario y farmacéutico, que ven necesaria esta medida aunque consideran que llega «tarde», pues consideran que debería haberse puesto en marcha antes de la Navidad, cuando su demanda creció ante el gran aumento de casos de COVID-19 por la llegada de ómicron.
Por ejemplo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) resaltó el lunes, tras el anuncio de su regulación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fijar un precio máximo «contribuirá a poner fin a una situación denunciada reiteradamente y de la que los farmacéuticos han sido víctimas, al producirse aumentos excesivos de precio y tensiones en el mercado originadas por actores ajenos al canal farmacéutico».
Los enfermeros, por ejemplo, también se han mostrado a favor. «No tiene ningún sentido que, en la situación en la que nos encontramos en cuanto a incidencia de casos de coronavirus, los test de antígenos sean utilizados con fines meramente lucrativos. Desde el principio defendimos que estas pruebas debían realizarlas preferentemente los profesionales sanitarios, pero es cierto que tras liberalizarse su venta, hace ya más de seis meses, no tiene sentido que ahora haya quien esté especulando con ello. Las desorbitadas subidas de precios registradas a mediados de diciembre hicieron que ya entonces advirtiéramos de la situación y pidiéramos al Gobierno su intervención», sostuvo el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya.