Autovía A-2 a su paso por Guadalajara. (Foto: La Crónic@)
Autovía A-2 a su paso por Guadalajara. (Foto: La Cró[email protected])

Es tan insistente el mensaje, desde hace tantos meses, que ya todo apunta a que hemos comenzado una inevitable cuenta atrás final: el Gobierno ha confirmado que cobrará un peaje por el uso de las autovías.

El último en ponerle voz, esta misma semana, ha sido el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez. Y como suele suceder con este y otros gobiernos, se irritan por el correcto uso de las palabras y no quieren que se le llame peaje. Aunque lo sea.

Vázquez ha detallado que el Gobierno va a implantar «un sistema de tarificación«, eufemismo para aludir al peaje en todas las hasta ahora gratuitas autovías de la red española. Mientras, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades aún creen posible que el Estado suprima el pago en algún tramo de la R-2, como forma de desatascar los accesos a la Ciudad del Transporte.

Argumentos para este nuevo impuesto por uso

Desde el Gobierno, según lo dicho por ese alto responsable, se considera que «no tiene sentido que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como son las políticas sociales».

La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha confirmado también el martes que la cosa se concretará «dentro de unos meses» y que se someterá a debate de los agentes sociales, económicos y del transporte» para buscar el consenso, también «político», y con el ánimo de que «no genere agravios territoriales», ha dicho la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

¿Qué se sabe en concreto sobre el peaje en las autovías?

Una primera evaluación del precio que estudia cobrar el Gobierno en las autovías españolas a partir de 2024 ya se puso sobre la mesa el pasado mes de mayo. Dada la transparente opacidad que también se aplica a este asunto, hay versiones divergentes.

La más clara es la que apunta a un coste de 1 céntimo por kilómetro. Eso implicaría un sobrecoste de 1 euro, aproximadamente, por ir y volver a Madrid desde Guadalajara, pero también 6 euros de más por llegar por carretera a Barcelona desde la capital alcarreña. Y eso que aún es bien reciente el final de la autopista de pago desde Zaragoza, que tanto alegró a los conductores, sobre todo los de Cataluña.

La referencia más conocida para esa forma de hacer pasar por caja a los conductores en las autovías es Portugal. El país vecino sembró de pórticos alguna de sus carreteras más principales, con reiterados cobros incluso en trayectos muy cortos. Fue una manera de conseguir fondos en los años de mayor amenaza de los «hombres de negro» del Banco Central Europeo. La economía lusa es ahora mucho más boyante, pero los peajes no se han eliminado.

No parece improbable que se opte, al menos inicialmente, por recurrir al pago de un canon fijo anual, una viñeta o sello de 75 euros al año que permitiría el uso de las autovías. Es el sistema que se aplica desde hace tiempo en países como Suiza, Austria o República Checa. Su mayor ventaja es que no requiere de una inversión tan cuantiosa en la instalación de un sistema de control como los pórticos. Valdría con usar cámaras colocadas a lo largo de la vía, que leen la matrícula de los vehículos. Esa tecnología está vigente desde hace años, aunque muchos lo ignoren, para controlar todas las entradas y salidas de Guadalajara, todos los días del año y en todo momento.

¿Y esto, para cuándo?

De un modo o de otro, el objetivo es empezar a probar el sistema en el tercer trimestre de 2023 o a principios de 2024 en algunos tramos.

Y si, además, es propietario de un vehículo antiguo, hágase a la idea de que pagará más también en este caso, por contaminante.

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