¿Cómo es posible que un niño pueda morir desnutrido en España? ¿Qué tiene que pasar para que un chaval de 13 años llegue a pesar apenas 26 kilos para una estatura de 151 centímetros? Ocurrió en 2014, en Alovera.
Ni la técnico del servicio de Menores de la Junta de Castilla-La Mancha ni la encargada de acogimiento de familia que eran responsables del menor advirtieron nada que les hiciera temer por la vida del crío. Así lo han vuelto a reiterar este 6 de julio de 2021.
Este martes se han sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal nº 2 de Guadalajara, como supuestas autoras de un homicidio imprudente, junto con otro técnico de la Administración regional y la bisabuela del niño.
En la vista del juicio, ambas han sostenido que no había indicios del mal estado de salud del crío. No fue hasta dos días antes del fallecimiento cuando, desde el colegio del crío, cuando les habrían alertado del estado físico del menor.
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente por falta de atención, agravada por complicaciones de la diabetes que padecía y que no le fue tratada.
El relato de la bisabuela
La primera en declarar este martes ha sido la bisabuela del menor, de 82 años de edad y
encargada de la acogida del mismo, quien ha explicado cómo le había afectado
negativamente al niño la relación con su padre tras salir este de la cárcel, pese a estarle prohibida.
La mujer, que tenía encomendada la guarda del menor por acogimiento familiar
permanente desde 2009, ha relatado que cuando quiso llevarle al médico “no me hacía con él, me daba golpes” y que el mismo día del fallecimiento del menor llamó al 112 y al centro médico alertando de que su bisnieto necesitaba ayuda, si bien ha sostenido que los servicios médicos no le hicieron caso hasta que el menor había fallecido, como describe la agencia EFE en pool informativo para LA CRÓNICA.
Supervisión subcontratada
Por su parte, la técnica acusada encargada de acogimiento de familias de la ACTIA, asociación sin ánimo de lucro encargada de este servicio por parte de la Junta, ha relatado que sus tareas eran de acompañamiento y apoyo a la familia de acogida y que toda la información que a ella le llegaba se la comunicaba al servicio de Menores de la Junta, que tenía la tutela del niño.
Ha explicado que desde su llegada en julio de 2013 a este servicio solo tuvo constancia de alguna incidencia de este menor cuando le informaron de la salida de la cárcel del padre, quien tenía retirada la patria potestad y con quien no tenía relación desde el inicio del acogimiento, una circunstancia que tanto la bisabuela como la acogedora han afirmado que les preocupaba.
Además, ha asegurado que en las periódicas visitas a la vivienda no constató malas
condiciones ni higiénicas ni de salud del menor ni otras incidencias en sus seguimientos
telefónicos.
A preguntas de la Fiscalía sobre que los profesores del niño habían alertado de su estado de salud y que el propio padre les había dicho que el menor no había acudido al médico, la técnico de acogimiento ha señalado que tan sólo en una reunión mantenida en mayo de 2014 con motivo de aclarar la situación del menor con el padre, quien se había dirigido al centro, y el inminente cambio del menor al instituto, la profesora le trasladó «su preocupación por el estado del menor». Por ese motivo, llamó a la bisabuela para que lo llevara al médico.
Ausencias reiteradas a clase
No fue hasta septiembre de ese año cuando, tras detectar el absentismo no motivado del niño, ambas técnicas solicitaron una reunión con la orientadora del instituto al que acudía el menor, donde no les habrían comentado nada sobre el supuesto mal estado de salud del niño. Sin embargo, el 6 de octubre el centro educativo informó a las técnicas que no el menor no estaba en buen estado, por lo que le habían mandado a casa y que a su entender necesitaría atención médica urgente.
Ante esta situación, ambas técnicas han declarado que ese mismo día llamaron a la bisabuela para instarle a llevarle al médico, si bien aunque la bisabuela concertó una cita médica para el 8 de octubre, no se produjo la visita y el niño murió el 9 de octubre.
No consultaron a los médicos
A preguntas de la Fiscalía, la técnico de Menores de la Junta, administración con la tutela del niño fallecido, ha reconocido que pese a tener competencias para solicitar informes al Sescam o pedir información para comprobar las visitas médicas no lo hizo, si bien ha afirmado que los datos médicos que tenían no alertaban de ninguna enfermedad ni las revisiones médicas habían detectado indicios de mal estado de salud.
En este sentido, han manifestado que el fallecimiento les impactó, más cuando luego
supieron que la bisabuela llamó a varias asistencias médicas alertando del estado del menor e “inexplicablemente” no fue atendida.
También han considerado que el director del centro educativo en el que estaba el niño podría haber reclamado asistencia médica para el menor si consideraba que era urgente que el niño la recibiera.
Sin vigilancia ni cuidado, según la Fiscalia
Según la Fiscalía, los tres empleados del servicio de Menores, en cuanto encargados del
seguimiento del menor, “omitieron ante las noticias recibidas sobre el estado del mismo, las más elementales normas de vigilancia y cuidado, haciendo caso omiso a las advertencias que recibían tanto de los centros donde el menor cursaba sus estudios, como de su padre, sobre el estado de salud del fallecido, así como del abandono al que le tenía sometido su bisabuela, persona designada como adecuada para atender al menor, y que lejos de esto omitía cualquier vigilancia sobre su bienestar y salud”.
El menor falleció el 9 de octubre de 2014 como consecuencia de parada cardiorrespiratoria, consecuencia de un shock hipovolémico, a raíz de una cetoacidosis diabética, por diabetes mellitus. La enfermedad no fue detectada en ningún momento anterior a su fallecimiento, por falta de asistencia médica del menor.
Está previsto que se celebren nuevas vistas, durante las próximas dos semanas, para la comparecencia de una treintena de testigos.