La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Madrid, así como en Torrejón del Rey y en Rubí (Barcelona) a 23 personas acusadas de formar parte de un grupo criminal. Dicho grupo llegó a provocar un perjuicio de casi 300.000 euros a través de una estafa piramidal a inversores, y posterior blanqueo de capitales.
Los acusados llevaban a cabo un fraude piramidal conocido como ‘Esquema Ponzi’, consistente en atraer nuevos inversores prometiendo altos rendimientos. Estos rendimientos se pagaban a algunos participantes iniciales en cantidades reducidas utilizando el capital económico aportado por otras víctimas de la estafa.
Las investigaciones han permitido revelar la existencia de más de 120 afectados. A los mismos se les habría estafado un acumulado que ronda los 300.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. En dicho comunicado se incide en que el grupo criminal se esforzaba por dar una apariencia de legalidad para dar confianza a las víctimas.
En concreto, contaban con una serie de oficinas físicas abiertas al público, publicidad corporativa, personal uniformado e incluso una aplicación móvil. Esta aplicación simulaba el funcionamiento de una entidad de inversión legítima.
Los investigadores finalmente realizaron cinco entradas y registros en varias zonas de España. Tres de ellas fueron en Madrid capital, una cuarta en Torrejón del Rey y la última en Rubí. En este operativo se incautaron 15.000 euros en efectivo, un vehículo, unos 20 teléfonos móviles y tres ordenadores portátiles.
Asimismo, se han bloqueado casi 40 cuentas bancarias y un saldo que ronda los 75.000 euros. Los 23 detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
‘MODUS OPERANDI’
El proceso delictivo comenzaba con la localización, identificación y captación de posibles víctimas. Solían ser personas interesadas en obtener rentabilidad elevada mediante la inversión en criptomonedas.
Una vez identificada la víctima, miembros del grupo mantenían reuniones presenciales con los afectados. Además, guardaban contacto telefónico y comunicaciones a través del móvil y ofrecían inversiones aparentemente seguras y rentables.
Afianzada la confianza, les instaban a realizar un conjunto de aportaciones económicas mediante transferencias bancarias o la adquisición de criptomonedas. Estas criptomonedas luego eran transferidas a cuentas del grupo, quedando así bajo control efectivo de la organización.
De hecho, con el objetivo de afianzar la confianza en el grupo, en algunas ocasiones puntuales se llegaba a permitir la retidada de pequeñas cantidades o se devolvían fondos. Esto creaba en las víctimas una falsa sensación de solvencia y liquidez.
De este modo se lograba realmente incentivar a las víctimas para incrementar progresivamente su inversión, llegando incluso a captar nuevos inversores de su entorno personal.
Los fondos estafados eran introducidos en un complejo circuito financiero destinado a dificultar su rastreo. Para ello se utilizaban cuentas bajo control de distintos miembros y se hacían trasferencias cruzadas, retiradas de fondos y pagos a terceros.
En paralelo, otra parte del dinero se destinaba a criptoactivos y se transfería a través de múltiples direcciones y wallets intermedias. Así, se generaban capas de transacciones para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su identificación.