El gerente de Kuk, titular de las instalaciones de Chiloeches, durante su declaración el 4 de octubre de 2021 en el juicio por el incendio de 2016. (Foto: La Crónic@ / TSJCLM)
El gerente de Kuk, titular de las instalaciones de Chiloeches, durante su declaración el 4 de octubre de 2021 en el juicio por el incendio de 2016. (Foto: La Cró[email protected] / TSJCLM)

Francisco Fernández García, representante legal de Kuk, se ha mostrado reiteradamente desmemoriado a preguntas de la fiscal en el juicio por el incendio de Chiloeches. En la sala ha trazado un panorama ideal de lo que es la gestión de una empresa: «Los empleados tenían orden de resolver los problemas y se resolvían». Sin más. Sin dudas. Sin matices. Y así, durante toda la declaración, en la que nunca se ha mostrado seguro de lo que se le preguntaba cuando se trataba de carencias, sanciones o expedientes… dando por hecho de que todo estaba bien o se subsanó. Así lo cree, años después, sin conocimiento directo.

Kuk tenía actividad en Chiloeches desde 1993. En 2006 solicitó la gestión ambiental integrada, que es la calificación para el manejo de residuos peligrosos. Tenían licencia de actividad sólo para residuos metálicos.

En 2007, les fueron requeridas mejoras en la gestión medioambiental… pero tampoco esas las ha podido o querido recordar expresamente Fernández. «Si se requirió, seguro que se presentó la documentación adecuada, eso segurísimo». Esa respuesta, con todas las variantes posibles, han sido la consecuencia de que este químico de formación y Francisco de nombre se escude en que no se centraba «en el día a día».

«No era una chatarrería»

En su prurito profesional sí ha tenido interés en resaltar que aquello «no era una chatarrería, era un planta de recuperación de metales», cuya «parte de residuos peligrosos era muy pequeña comparada con la de recuperación de metales». El gerente de la empresa siempre consideró que tenía «todo en regla». Igualmente, sostiene que no recibió ningún reparo de legalidad por parte del Ayuntamiento sobre la instalación.

Cuando la fiscal le aludía a una suspensión de actividad, expediente por medio, no lo recordaba. La falta de memoria ha sido una constante, presumiblemente nada casual, en su declaración. «Yo era el máximo responsable, pero me dedicaba más a la expansión de la empresa, tenía otra gente para subsanar los problemas que fueran surgiendo».

Cuando se dio un vertido al barranco de los Chorrillos de líquidos oleosos, más de lo mismo: «No recuerdo ninguna contaminación». «Si hubo algún requerimiento por parte de la Administración, seguro que se actuó». Dicho y repetido hasta la saciedad. Ni siquiera recuerda que entonces acusó de la responsabilidad de aquel vertido al Grupo Raga, que actuaba dentro de la instalación dentro de un proyecto sobre el que también tuvo que dar cuenta días pasados Sergio David González.

«Si no resolvías, no podías seguir siendo gestor, te habrían cerrado la instalación» ha razonado Fernández García en un momento dado para justificar su constante actividad, incluida la relativa a los residuos peligrosos. Entre amnesia y amnesia.

«Resulta increíble», exclama la fiscal

¿Cómo pudo operar entre 2008 y mayo de 2012 con sus clientes y recoger los residuos sin tener la autorización publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para ese tipo de residuos peligrosos? «Habría sido imposible sin la documentación correspondiente, no permites la trazabilidad, no te lo van a aceptar». Palabra de gerente. Sin entrar en detalles.

En octubre de 2013 se les suspendió la actividad y se les multó desde la Junta con 9.000 euros, al haber incumplido las medidas exigidas un año antes; el recurso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. «Ahora mismo no me acuerdo de eso» ha insistido el acusado, entre un silencio cada vez más espeso en la sala.

«Resulta increíble que usted no sepa nada» ha terminado por exclamar la fiscal, después de tres cuartos de hora de esfuerzos dialécticos. Ni ante eso ha cambiado en su contención el acusado.

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