El Ayuntamiento de Guadalajara atribuye a las continuas solicitudes de aclaración y alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades ante el juzgado la demora que acumulan las actuaciones previstas en el complejo del Fuerte de San Francisco.
Así lo explicaba este viernes la jefa del área de Urbanismo e Infraestructuras, Blanca Causapié, durante una comparecencia informativa ofrecida junto a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, para abordar distintos asuntos relacionados con vivienda y urbanismo.
Retrasos intencionados
El juzgado había fijado inicialmente un plazo de cuatro meses para redactar los proyectos de intervención en las distintas naves del recinto, un periodo que está próximo a cumplirse pero cuyos tiempos «se van interrumpiendo» por las reiteradas peticiones formuladas por la Administración regional, según la técnico.
«Nos pasamos la vida contestando escrititos al juzgado», ha resumido la responsable técnica municipal, quien ha explicado que cada nuevo escrito presentado por la Junta obliga al órgano judicial a abrir nuevos trámites de alegaciones para el Ayuntamiento antes de resolver.
Según ha detallado, el Gobierno regional ha planteado también dudas sobre cómo abordar los desalojos y realojos de los actuales residentes del recinto y también ha remitido informes técnicos en los que advierte de la imposibilidad de avanzar en algunas actuaciones mientras continúen personas viviendo en determinadas zonas, como ocurre en parte del claustro.
¿Qué es lo que sí se está haciendo?
Pese a ello, según el Consistorio, algunos trabajos sí continúan desarrollándose. En concreto, parece que ya se está avanzando en el proyecto de la nave situada frente a la antigua forja, correspondiente a las antiguas escuelas municipales, para lo que técnicos están visitando las instalaciones y preparando documentación. «Se van haciendo cosas, despacito, pero se van haciendo cosas», ha abundado la técnico.
La jefa de Urbanismo ha insistido además en que el Ayuntamiento no tiene constancia de que la Junta haya iniciado todavía actuaciones concretas para el realojo de los ocupantes y subrayó que esa responsabilidad corresponde «única y exclusivamente» al Gobierno regional.
Desde el Ayuntamiento han recordado también que cuando la Junta adquirió los terrenos ya existía un listado de ocupantes recogido en un convenio firmado en 2004, por lo que consideran que la Administración autonómica debía haber previsto entonces soluciones habitacionales para estas personas.
Además, han rechazado la posibilidad de proceder a desalojos forzosos sin alternativas previas de vivienda y han defendido que antes debe analizarse la situación concreta de cada residente, ya que muchos podrían disponer de algún «título habilitante» de ocupación, aunque no exista un contrato escrito formal. «Primero hay que realojar a la gente», ha insistido Causapié.
Desde el Ayuntamiento admiten así que la evolución del proyecto sigue condicionada por la resolución de las cuestiones judiciales pendientes y por la actuación que finalmente adopte la Junta respecto a hechos como el futuro de los residentes que aún permanecen en el complejo.