El comercial del Grupo Layna en la planta alquilada a Kuk Medioambiente en Chiloeches entre 2014 y 2015, Juan José Gutiérrez, ha apuntado a los hermanos Layna como responsables de «la trama» de acumulación excesiva de residuos en la instalación y al que fuera viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno regional, Sergio David González Egido, como el «asesor y mediador» de todo lo que tenía que ver con favorecerlos y ellos «sacaban pecho de ello».
Así lo ha puesto de manifiesto el acusado en un amplio interrogatorio, en el séptimo día del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Han sido siete horas de declaraciones vinculadas con el incendio en la tristemente célebre planta de residuos peligrosos y no peligrosos de Chiloeches. Se trata de una causa en la que hay 18 personas acusadas, así como tres empresas implicadas. Se les imputa, según los casos, delitos vinculados con la prevaricación medioambiental, gestión peligrosa de residuos e, incluso, participación en grupo criminal.
En su declaración, de más de dos horas y media, Juan José Gutiérrez,–que según ha subrayado, fue contratado por Layna para captar clientes del área de residuos peligrosos– ha señalado a los hermanos Layna, también acusados en esta trama vinculada con la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos y su traslado a plantas supuestamente no adecuadas para ellos. Ha apuntado en varias ocasiones al que fuera viceconsejero en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional como el contacto del que decían valerse los hermanos de la empresa en la que él trabajaba para llevar a cabo sus proyectos.
Supuesto «trato de favor» del viceconsejero
Así, el acusado ha hablado de «trato de favor» por parte del exviceconsejero desde septiembre de 2016 hacia los hermanos Layna, algo que en sus respectivos interrogatorios habían negado previamente tanto González Egido como Manuel, Sergio y Pablo Layna. En esas mismas declaraciones, los dueños de la empresa habían delegado la responsabilidad de lo que pasaba en la planta en Juan José porque había sido nombrado responsable de la misma. Eso punto ha sido expresamente por el comercial.
Juan José G.L. ha señalado que él fue contratado sólo como comercial y que fue entrevistado por González Egido –antes de que fuera viceconsejero– porque estaba «en todo», en todas las reuniones y visitas, aludiendo a un posible trato de favor hacía Layna tanto en el caso de las autorizaciones de la instalación de Horche como mediando para el alquiler de la planta que termino resultando incendiada el 26 de agosto de 2016.
Pero al ser preguntado sobre si ese trato de favor lo había presenciado, se ha cerrado en banda y ha señalado que él solo estuvo en uno de estos encuentros pero que lo sabía por sus propios jefes, los hermanos Layna, que «hablaban más de la cuenta», ha apostillado.
Gutiérrez prestaba declaración como acusado de un delito de participación en grupo criminal, por el que se le piden penas de dos años de prisión, así como cuatro años más por otro delito de gestión peligrosa de residuos y otros tres años por falsedad de documento mercantil.
Un comercial con nómina de 1.400 euros
En el interrogatorio, Juan José Gutiérrez ha abundado en detalles, llegando a afirmar que cuando se cerró la planta por no tener autorización para su actividad y se rescindió el contrato a Layna, los hermanos le «apretaron» para que metiera más residuos en la instalación «porque querían irse con los bolsillos más llenos».
«Las órdenes siempre las daban Manuel, Sergio y Pablo Layna», ha dicho. Gutiérrez ha incidido en que todas las decisiones eran adoptadas por los tres hermanos y ha hecho especial hincapié en que él cobraba 1.400 euros.
«Parece que yo maté a Kennedy», ha dicho en referencia a las manifestaciones realizadas hace varios días por los hermanos Layna y la responsabilidad que hacían recaer sobre él en cuanto a la forma de funcionar de la planta, al asegurar estos que él era el responsable.
El acusado ha asegurado también en su declaración que desconocía el destino final que el Grupo Layna reservaba para los residuos que llegaban a la planta de Kuk y si se hacían mezclas en la misma, que luego se sacaban al vertedero de Salmedina porque ni estaba allí ni era su labor, ha subrayado.
«Aquí hay muchas mentiras y se esconden muchas cosas y es muy sencillo, sigan el dinero», ha aseverado.
Llamada potencialmente comprometedora… para alguien
En un momento dado, se han pasado en la sala dos audios de una llamada telefónica desde un móvil intervenido por la Guardia Civil, en la que Juan José se dirige a unos compañeros de trabajo. De la misma se infiere que él podía ser el responsable de la planta, ya que les pedía que cuando declarasen como testigos no dijeran que tenía esa responsabilidad. «No me da miedo, solo quiero que esto se esclarezca», ha subrayado.
El papel de Salmedina
En esta maratoniana jornada también ha declarado el entonces gerente de la empresa Salmedina, José Antonio M., a quien se acusa de un delito de participación en grupo criminal y otro de gestión peligrosa de residuos, con solicitud de pena de nueve años en total. Se ha defendido alegando que él no conocía si debajo de los escombros que llegaban a la planta había otro tipo de residuos.
Por su parte, Elena O.R. ha prestado declaración como representante legal del vertedero de Salmedina, interrogatorio en el que ha apuntado que si hubieran llegado al vertedero sustancias peligrosas por parte de su cliente Layna, hay tantos controles y analíticas que se hubieran dado cuenta de rápido de que se estaba produciendo una contaminación y hubiesen buscado el origen.
También ha mantenido su convencimiento de que en la instalación no entraron en el periodo de enero a marzo de 2015 residuos peligrosos y ha afirmado que en el estudio sobre el Grupo Layna se observó un incremento homogéneo con respecto a otros clientes en ese mismo momento.
Por último, ha negado que la empresa haya obtenido beneficios directos o indirectos con motivo de estas presuntas entradas de residuos peligros mezclados con inertes. «Layna era un cliente con muy escasa relevancia», ha subrayado.