La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha confía en administrar 125 millones de euros procedentes de los fondos europeos por el COVID. Así lo ha indicado durante su comparecencia en las Cortes de este miércoles la consejera de Bienestar Social, la guadalajareña Bárbara García Torijano.
La consejera ha recordado que Bienestar Social cuenta con un presupuesto de 843 millones de euros, que se ha aumentado en 2021 en 87 millones con respecto a 2020.
Atención en el propio entorno del dependiente
Respecto a la estrategia de ordenación de recursos de proximidad, la titular de Bienestar Social ha afirmado que se va a facilitar la permanencia de las personas dependientes en su entorno con una atención más personalizada.
«Bajo esta estrategia desarrollamos varios programas como el servicio de teleasistencia básica y avanzada que llega a más de 55.000 personas, el servicio de ayuda a domicilio con un presupuesto de 43 millones que se verá incrementado en cinco más, las 155 viviendas de mayores que atienden a 1.600 personas y con 600 profesionales o el servicio de promoción a la autonomía personal con 4.465 plazas en 682 municipios atendidos por mas de 400 profesionales».
«Vamos a continuar reforzando estos servicios y poniendo en marcha nuevos programas», ha señalado la consejera, para referirse al plan de telecuidado avanzado, que contará con un presupuesto de 12,5 millones de euros en una estrategia de cuidados de las personas mayores en su entorno más cercano con un cuidador de referencia y pasando de un cuidado reactivo a una asistencia predictiva y proactiva.
Sin cambios en la Consejería
La Consejería, según ha señalado García, no modificará su estructura aunque cuenta con «el nuevo refuerzo» de Francisco José Armenta como director general de Acción Social. Gregorio Gómez ha pasado a la Dirección General de Infancia y Familia, cargo que ostentaba hasta hace unos días María Ger, que quedará integrada en esta área.
Desde el PP, Vicente Aroca, que se ha referido a los fallecimientos en las residencias durante la pandemia, ha comenzado su intervención afeando la gestión de la anterior consejera, Aurelia Sánchez, a la que ha responsabilizado de impedir la apertura de los centros de día.