Román y Carnicero, en la presentación del nuevo uso del Mercado de Abastos, el 23 de mayo de 2019. (Foto: La Crónic@)
Román y Carnicero, en la presentación del nuevo uso del Mercado de Abastos, el 23 de mayo de 2019. (Foto: La Crónic@)

El pasado martes, el Ayuntamiento de Guadalajara emitía un comunicado de prensa con el que revelaba que la Fiscalía Provincial había decretado el archivo de las actuaciones abiertas en ese órgano -tras denuncia del actual alcalde, Alberto Rojo- por lo sucedido en el Mercado de Abastos en mayo de 2019.

Como recordarán los lectores de LA CRÓNICA, en vísperas de las elecciones no solo se permitió a una empresa privada ocupar esas dependencias municipales sin estar recepcionadas las obras y para su uso hostelero y de espectáculos, sino que incluso se realizó una presentación pública de esa futura programación, con presencia de Román y Carnicero el 23 de mayo de 2019, a pocas horas de las citas con las urnas.

Ahora, según la fiscal firmante de los 11 folios del detallado texto que justifica el decreto, la actuación del antecesor de Rojo en la Alcaldía habría sido absolutamente legal. Los actuales responsables municipales ya han expresado su disconformidad.

Respecto a Jaime Carnicero, al que la denuncia ponía casi a la par, la fiscal le dedica apenas cuatro líneas, para asegurar que “pese a la denuncia (…) ninguna actuación en concreto se le imputa” además de no haber firmado nada y serle de aplicación todos los argumentos exculpatorios referidos a Román.

Denunciados tras la “comisión de la verdad”

En los meses siguientes a las elecciones municipales, a Román y Carnicero se les sometió a una muy publicitada “comisión de investigación”, en la cual terminaron aceptando participar y por la cual pasaron también funcionarios del Ayuntamiento y el propio empresario que utilizó el Mercado durante varias semanas, hasta entrado el verano.

Para la denuncia ante la Fiscalía del supuesto comportamiento ilegal de Román se recurrió incluso al Pleno del Ayuntamiento, que acordó tal iniciativa en una sesión como “traca final” de la citada comisión. La denuncia no se materializó, sin embargo, ante la Fiscalía hasta varios meses después, el 17 de julio de 2020. Había pasado más de un año desde que se produjeron los hechos, un largo período de rifirrafe político, salpicado con numerosas escaramuzas, esencialmente entre el PSOE y el PP pero también con Ciudadanos muy activo en la crítica a Román tras haber sido el apoyo clave para su gobierno en ese último mandato, el que discurrió entre 2015 y 2019 con el ausente Alejandro Ruiz como portavoz de un grupo municipal de por entonces dos concejales.

Las sesiones de la comisión del Mercado de Abastos se hicieron con parafernalia, pero a puerta cerrada. (Foto: La Crónic@)

Sin dolo no hay malversación

El escrito de la fiscal, que lleva fecha de 3 de noviembre de 2020, da ahora por descartado el delito de prevaricación, al no apreciar dolo. Alega que la aprobación mediante decreto de Alcaldía del acta de comprobación y la autorización de la puesta a disposición de la Plaza de Abastos se realizó “con el sustento legal del artículo 243.6 de la Ley de Servicios Públicos”. Es decir, que Antonio Román podía hacerlo al ser la obra de un valor justamente inferior a un millón de euros (aunque por poco)… y lo hizo.

El artículo 243.6 de la Ley de Servicios Públicos lo que establece es que “siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras”.

Se insiste desde la Fiscalía que el citado artículo de la Ley autoriza a que se acuerde la ocupación efectiva de las obras o la puesta a disposición antes del acto formal de recepción, atribuyendo la competencia para tomar la decisión al Órgano de contratación, que en este caso era el propio alcalde, como resalta la fiscal. Antonio Román resaltó en su defensa que lo hizo para cumplir en fecha con una obra que iba retrasada y cuya financiación podía quedar comprometida, por ese motivo, al depender de fondos europeos.

Para los denunciantes, entonces en la oposición, las prisas eran para dar notoriedad a esa inversión aún no terminada y hacerlo justamente en víspera de las elecciones, las mismas que terminaría ganando el PSOE.

Tras la derrota electoral, la actividad del Mercado se paralizó abruptamente, como se puede recordar en los enlaces al pie de esta información, en lo que fue otro suceso peculiar de un proceso lleno de cuestiones cuando menos curiosas.

Aquí se hizo la tan polémica rueda de prensa del 23 de mayo de 2019.

No han presentado pruebas sobre la adjudicación al empresario

La Fiscalía valora para determinar el archivo, además, que “no ha quedado acreditado que por parte del denunciado se hubiese firmado una licencia de ocupación de vía pública para explotación hostelera del Mercado de Abastos sin concurrencia de terceros sin concurso toda vez que no se ha aportado por el denunciante (los actuales responsables municipales) prueba documental o testifical que permita acreditar este extremo”.

Por otra parte, de las declaraciones testificales prestadas ante la Fiscalía “no se ha extraído ningún dato que avale dicha conclusión”. Por todo ello, la Fiscalía decreta el archivo de las presentes diligencias al entender que los hechos “no son constitutivos de infracción penal”.

En todo caso, la argumentación de la Fiscalía sí que admite que una empresa ocupó este espacio impulsado por el anterior Gobierno municipal en días previos al proceso electoral previsto para el 26 de mayo, extremo que motivó la crítica y denuncia del rival político.

Terraza en el exterior del Mercado, que se mantuvo varios meses. (Foto: La Crónic@)

El Mercado y la fecha de las elecciones

Según la denuncia presentada tan tardíamente como se ha resaltado más arriba y recogida en el escrito de la Fiscalía, el proceso de adjudicación asignó a la empresa REHAC SA el encargo de las obras, con planificación de poder ser recepcionadas el 14 de mayo de 2019. En dicha fecha, tras la visita de inspección de los técnicos municipales “se encontraron deficiencias en la obra levantando acta y emplazando para la celebración de la nueva visita el día 29 de mayo”. Pero todo se precipitó mucho más aceleradamente, como se puede comprobar.

Posteriormente, y siempre según la denuncia ahora archivada, el día 24 de mayo de 2019 la arquitecta, directora facultativa y funcionario del Ayuntamiento, tras realizar visita de comprobación a las obras, constató su persistencia. Aun así, se firmó un decreto de Alcaldía que aprobaba el acta de comprobación realizada por los técnicos municipales el 24 de mayo, “si bien por razones de estrategia de desarrollo urbano integrado en la dinamización del casco histórico de Guadalajara se autoriza la puesta a disposición del mercado de abastos de Guadalajara” durante esos días de mayo.

La víspera, el 23 de mayo, añadía la denuncia, los denunciados, es decir Román y Carnicero, “celebraron una rueda de prensa en el interior de la plaza del mercado para informar de la dinamización del casco antiguo”, a sólo tres días de las elecciones. Se hizo, más concretamente, en el exterior del edificio, en lo que sería el acceso a la planta superior desde la esquina con Doctor Mayoral y en ella, muy intencionadamente, quien tomó la palabra fue una empleada de la empresa encargada de las actividades, no los dos responsables políticos, que la flanqueaban.

Alberto Rojo baraja seguir litigando

El pasado lunes, desde el Consistorio guadalajareño, ahora presidido por un Gobierno socialista en coalición también esta vez con Ciudadanos , se puntualizaba que el Ayuntamiento tiene ahora la posibilidad de acudir con la denuncia al Juzgado de Instrucción, algo que no se descarta.

Según su análisis del decreto de la Fiscalía, en la argumentación de la fiscal se da por probado que la instalación del Mercado de Abastos fue ocupada por una empresa en los días previos a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo “sin que se hubiesen finalizado los trabajos y sin que se hubiese hecho efectiva la recepción de las obras por parte de los técnicos municipales”.

La postura del Consistorio defiende igualmente que “quedan acreditadas las reticencias expuestas por parte de la arquitecta municipal responsable de la obra y por parte del entonces responsable del Área de Contratación municipal, que advirtieron a los entonces responsables municipales de la imposibilidad de ocupar una obra en curso”.

“La Fiscalía entiende que no existe delito de prevaricación en las actuaciones descritas en la demanda, dando por hecho que la mencionada ocupación formó parte de una estrategia de dinamización del casco histórico. No obstante, existen una serie de hechos probados en este Ayuntamiento que se entienden como no tenidos en cuenta por parte de la Fiscalía Provincial, dado que no aparece mención alguna en su decreto de archivo”, se insiste desde el actual gobierno municipal.

De este modo, el Consistorio guadalajareño se reserva el derecho de acudir al Juzgado de Instrucción, tal y como establece el propio decreto, a fin de que puedan investigarse “todos los extremos relacionados con la apertura precipitada del Mercado de Abastos, no habiéndose abierto por parte de la Fiscalía las correspondientes diligencias para investigar o solicitar más información en torno a algunas cuestiones que se dan por hecho”.

“El Ayuntamiento de Guadalajara, comprometido absolutamente con la transparencia y el buen gobierno, persigue esclarecer todo lo sucedido en torno a este asunto, siguiendo las conclusiones reflejadas en la comisión de investigación municipal en la que declararon responsables técnicos y agentes políticos”, finalizaban.

En su comunicado, los actuales responsables del Ayuntamiento de Guadalajara no detallan que ante la Fiscalía sí declararon el 28 de septiembre pasado la arquitecto municipal, el jefe de la sección de Contratación en aquellos momentos e incluso el actual concejal responsable del Mercado de Abastos, Fernando Parlorio. También lo hizo días más tarde, igualmente en calidad de testigo, el gerente de la empresa que ocupó el mercado en aquellos polémicos meses.

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