Cospedal, durante su etapa en Castilla-La Mancha.
Cospedal, durante su etapa en Castilla-La Mancha.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto fin a la investigación sobre el espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas que se habría desarrollado entre 2013 y 2015, proponiendo juzgar por ello al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su cúpula policial, si bien al mismo tiempo ha excluido a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

El magistrado ha decidido terminar así la instrucción sobre el operativo que, presuntamente, se montó y desarrolló en esos años desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno con el propósito de robarles la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y evitar de esta forma que llegara a la Justicia.

García-Castellón ha propuesto juzgar a un total de once personas, empezando por Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez, y siguiendo con el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, para terminar con los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago, y el ex chófer de los Bárcenas Sergio Ríos.

En cambio, el magistrado no ha visto indicios suficientes para acordar el pase a procedimiento abreviado respecto a los demás imputados durante la fase de instrucción. Así, cierra esta causa respecto a Cospedal, López del Hierro y José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de ella.

«A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (…) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación» de ellos tres, ha explicado el juez en un auto emitido este mismo jueves.

Así, sostiene que la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser «resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones».

UNA TRAMA RESTRINGIDA AL MINISTERIO DE INTERIOR

En cuanto a los once imputados para los que el proceso continúa, García-Castellón entiende que los hechos son constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.

El juez limita la ‘Operación Kitchen’ al Ministerio de Interior, por cuanto descarta la existencia de una trama política ajena al departamento que dirigía entonces Fernández Díaz.

RAJOY

En concreto, el magistrado alude a los supuestos sms que Villarejo aseguró que se había intercambiado con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque, según la versión del comisario jubilado, el inquilino de La Moncloa quería estar bien informado sobre la ‘Kitchen’.

A este respecto, García-Castellón indica que «ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro».

«Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades», subraya.

Según el relato judicial, Fernández Díaz, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Martínez a que pusiera en marcha una misión encaminada a obtener la información que pudiera tener Bárcenas para evitar que acabara en manos de los investigadores de ‘Gürtel’.

Martínez, por su parte, habría asumido la coordinación de la operación, encomendándosela en cuanto a su planificación y desarrollo al DAO, que a su vez contactó con Villarejo y el resto de procesados.

EL PSOE DE CASTILLA-LA MANCHA CORRIGE EL TIRO Y APUNTA AL DIRECTOR GENERAL

El PSOE de Castilla-La Mancha ha instado al PP regional y a su presidente, Paco Núñez, a «romper su silencio y a actuar» ante la decisión del juez del caso ‘Kitchen’ de procesar al exdirector general de la Junta de Comunidades, Andrés Gómez Gordo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al que fue director de Documentación y Análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha durante la Presidencia de Cospedal entre los años 2011 y 2015, ha subrayado el PSOE.

Para los socialistas castellanomanchegos es «extremadamente grave que un director general del único gobierno que ha habido del PP en Castilla-La Mancha se encuentre a las puertas del banquillo por una supuesta operación de espionaje cuyo objetivo último era conseguir material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel».

El hecho de que Gómez Gordo, mano derecha de la expresidenta regional, esté señalado como pieza clave del caso ‘Kitchen’ debe ser valorado por el PP de Castilla-La Mancha, que «debe pronunciarse sobre estos hechos alarmantes que ocurrían mientras que los castellanomanchegos sufrían los peores recortes de servicios públicos de la historia de la región».

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha respetan todas las decisiones judiciales, pues es el juez quien determina las pruebas, pero consideran que «la responsabilidad política está por dirimir».

A juicio de los socialistas, el presidente regional de los ‘populares’ «debe romper de una vez por todas con esta etapa, la más oscura para Castilla-La Mancha, y expedientar a todo el PP que supuestamente quiso torpedear la investigación judicial del caso Gürtel».

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