Croquis con la ubicación de la planta de tratamiento de residuos industriales de Guadalajara.
Croquis con la ubicación de la planta de tratamiento de residuos industriales de Guadalajara.

Cabanillas del Campo también ha mostrado su oposición frontal al proyecto de planta de residuos industriales que se quiere instalar en el término municipal de Guadalajara, como ya adelantó el pasado jueves LA CRÓNICA.

El alcalde de la localidad, José García Salinas, ha anunciado este lunes que la Corporación se opone a esas pretensiones, que llegan desde un ayuntamiento gobernado por un alcalde socialista (Alberto Rojo) y ante el silencio, por ahora, de otro alcalde socialista, Rafael Esteban, de Marchamalo. García Salinas también es miembro del PSOE.

El alcalde cabanillero ha proclamado públicamente el 2 de marzo de 2020 que el Ayuntamiento de la localidad presentará alegaciones formales contra el proyecto de construcción y explotación de un complejo de tratamiento y gestión de residuos industriales en término municipal de Guadalajara, «por cuanto pueda suponer de afección» para la localidad campiñera.

El casco urbano de Cabanillas del Campo se encuentra a sólo 11 kilómetros de donde Ferrovial/Cespa ha solicitado construir esta instalación, «por lo que el Ayuntamiento de Cabanillas se opondrá al proyecto, y así lo manifiesta públicamente», como ya han hecho también otros ayuntamientos de la comarca, cuyos municipios pueden verse afectados por los efectos perniciosos del vertedero.

Según el proyecto remitido a la Administración regional, se trata de un complejo de tratamiento de hasta 30.000 toneladas de residuos anuales, que ocuparía una superificie de 200.000 metros cuadrados.

Los ayuntamientos de Yunquera de Henares, Fontanar y Málaga del Fresno hicieron pública el pasado jueves su oposición «frontal» al proyecto para la construcción y explotación del citado complejo para el tratamiento de residuos industriales. Esta planta se ubicaría dentro del municipio de Guadalajara, pero en unos terrenos cercanos a los términos de estas tres localidades.

El problema de los olores que se generarían afectaría de forma especial, según las fuentes consultadas por LA CRÓNICA, a Fontanar y a Marchamalo. En cuanto a los lixiviados, que son los líquidos que se generan con el almacenamiento de los residuos, podrían llegar a comprometer el acuífero que discurre por el subsuelo de toda esa zona.

Los tres consistorios coinciden que han expresado primero su rechazo consideran que un proyecto de este tipo supondría «un agravio para estos pueblos, paralizando otras iniciativas de desarrollo y crecimiento». Por ello, sus representantes han mantenido diferentes reuniones en las últimas semanas, en las que han participado miembros de Ecologistas en Acción, así como propietarios y particulares de la zona, con el objetivo de formar una estrategia conjunta para oponerse a este complejo.

Cartas a Rojo y Escudero

Además, han enviado sendas cartas al alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y al consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, para poder mantener de manera urgente una reunión en la que expliquen las intenciones de ambas instituciones. LA CRÓNICA ha podido confirmar que las misivas llevan fecha del 19 de febrero, aunque constan como registradas telemáticamente ante el Ayuntamiento de Guadalajara a las 16.12 horas del martes, 25 de febrero. Por ahora, no hay decisión en el equipo municipal de gobierno sobre cómo se resolverá la petición de reunión.

La pelota, fundamentalmente, estaría en estos momentos en la consejería que dirige el guadalajareño José Luis Escudero. El titular de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha y el alcalde de Guadalajara se reunieron el pasado lunes en el Ayuntamiento y, según ha confirmado este periódico, entre los asuntos que abordaron figuró este.

Actualmente, la Junta de Comunidades tiene que resolver, favorable o negativamente, tanto la declaración de impacto ambiental como la autorización ambiental integrada, dos requisitos sin los cuales la instalación solicitada no podría llevarse a término.

El proyecto no es precisamente nuevo, ya que tiene sus orígenes hace más de una década, siempre de la mano de Ferrovial y de su filial Cespa, con una estrecha relación mercantil con la Corporación alcarreña.

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